El chavismo le ha puesto mano a las minas, incluso condenando al Estado a pagar multas Maleantes controlan la zona que pretende ser explotada, a pesar de advertencias ecológicas
"Allá se gana mucho real, pero... ¡que va!, me dio paludismo dos veces, me curé pero fue muy duro, uno cree que se va a morir y el médico me advirtió que iba a perder el hígado si me volvía a dar".
Eso le contaba un jovencito muy delgado a una señora que lo saludó como quien tiene mucho tiempo sin ver a un vecino. Ese diálogo ocurría en una "cola" donde los tres concurríamos, yo sin conocerlos, junto a una docena de personas mas, casi llegando al cajero de un comercio local en Puerto Ordaz.
Con el "allá" donde "se gana mucho real" y de donde se vino el joven, se refería a las minas de oro, explotadas de forma artesanal (e ilegal) en el sur del estado Bolívar. Quizás cerca de Tumeremo o de El Callao, quizás en Las Claritas e incluso podría ser en La Paragua.
--¿Y había medicinas?, inquiere la señora.
-- "Ufff !. De todo. Allá hay todo lo que aquí no se consigue... leche, harina de maíz, harina de trigo, azúcar, aceite, jabón, lo que usted quiera y en abundancia, aunque claro... a unos precios... pero el oro da para todo eso...".
Llegué a donde la cajera y ya no pude seguir la conversación. Tampoco pude preguntarle acerca de como llegaban hasta allá todos esos productos de comer, higiene y medicinas en esas cantidades si debían pasar por no menos de media docena de alcabalas militares y policiales entre Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar y esas zonas mineras ubicadas a 250, 300 o 400 kms.
Tampoco alcancé a preguntarle por la vivencia directa del control de las minas por parte de las bandas delictivas a las que habría que pagar "vacunas" en oro por la "protección" o porque son "los dueños" de ellas, según los relatos que hemos leído otras veces.
Esas bandas delictivas a las que el entonces ministro del Interior, el general Rodríguez Torres, se refirió en rueda de prensa en Ciudad Bolívar en enero de 2014 como "las que hacen lo que les da la gana en todo el territorio del estado Bolívar, con solo colocarse una franela de un determinado color y auto denominarse sindicatos".
Aunque luego, ni ese general ministro ni el Gobierno hicieron nada para enfrentar y resolver esa criminalidad impune. O quizás poderosos intereses forzaron a "dejarlo todo así".
Ese reino de la minería ilegal, anárquica, que cuenta necesariamente con una fuerte complicidad de las autoridades a todos los niveles, tiene todos los defectos y ninguna virtud.
A la nación no le queda nada del oro que se extrae, todo se va por los "caminos verdes" de la gran corrupción.
Los destrozos ambientales son terribles por la deforestación y la contaminación mercurial en las aguas.
Los dramas sociales que causa son irreparables por la criminalidad impune, las enfermedades y el caos.
Minerven, la eterna estatal del oro ha sido tan arruinada por la "revolución" que apenas logró 400 kg de oro en 2015 cuando su capacidad instalada es de 8 mil kg/año.
LOS "BANDAZOS" DE UN EXTREMO A OTRO
En Guayana siempre hubo minería ilegal pero jamás había alcanzado las proporciones avasallantes de estos años ni en el desastre ambiental ni en el reino del delito y crímenes impunes con el control territorial mas la gigantesca corrupción que lleva aparejada.
Sencillamente el Estado abandonó el control del territorio y el manejo del oro y sus beneficios.
Se lo dejó a las bandas delictivas y a los funcionarios corruptos del Gobierno, de alto y medio nivel.
Pero en "tiempos de revolución" el Gobierno ha dado varios bandazos en ese campo.
Por ejemplo, en 2002, Chávez, el Ministerio de Minas (como se llamaba entonces) y la CVG (en manos del gobernador Rangel Gómez) le entregaron la concesión de Las Cristinas -la mina de oro mas grande del mundo con 30 millones de onzas de oro en reservas probadas- a la transnacional canadiense Crystallex aunque luego los pleitos dentro del Gobierno frenaron todo por los permisos ambientales. Crystallex tuvo la concesión por 8 años, ganando mucho dinero en bolsas de valores, pero sin sacar jamás un gramo de oro. En 2010, el Gobierno la "rescató" (¿?) pero jamás la puso a producir. Hizo un convenio con la transnacional de China Citic pero éstos, luego de festejar, no asumieron nada. En el interín, Chávez había entregado la concesión de la mina Sosa Méndez a la transnacional de China Shandong Gold que se fue "motu propio" en 2010 aparentemente al no poder convivir con lo que llamaron "el desorden del Gobierno" y con los conflictos laborales. No hay que olvidar que en China no hay derechos sindicales.
También Chávez entregó las minas La Camorra e Isidora a dos transnacionales de Rusia pero ambas se fueron tras el decreto 6063 de la (falsa) nacionalización del oro. Rusoro y Venrus abandonaron por no aceptar el cambio de condiciones impuesto en ese decreto.
Todas esas minas pasaron a manos de Minerven pero terminaron inactivas y abandonadas aunque muchos lugareños dicen que la minería ilegal las explota por su cuenta con la complicidad de autoridades.
AHORA, EL "RENTISMO MINERO" DEPREDADOR
En un nuevo bandazo, tras la ola estatizante de 2010-2012, el 24 de febrero de este año, Maduro anuncia el Decreto 2.248 publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.855 que crea la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco (AMO), palabrerío que disfraza un plan de entregar las zonas de minería del oro, diamantes y coltán a grandes transnacionales para intentar así sustituir parte del "rentismo petrolero" por el "rentismo minero" sin importar el desastre ambiental ni la protección de la estratégica cuenca hidrográfica del rió Caroní, base del 70% de la generación de energía eléctrica del país.
El decreto en parte es motivado a la demanda que el Estado perdió en el Tribunal Internacional de Arbitraje con la canadiense Gold Reserve por la expropiación arbitraria en 2008 de la concesión de la mina Las Brisas, adyacente a Las Cristinas y por el cual es condenado a pagar 740 millones de dólares.
El convenio anunciado por Maduro sería devolver Las Brisas a Gold Reserve, sumándole Las Cristinas en un convenio por 4 mil millones de dólares, la mitad de los cuales sería un "préstamo" de la transnacional al Gobierno sin especificar como se pagaría tal préstamo aunque parece obvio que sería en oro. La otra mitad sería el aporte accionario de Gold Reserve.
En el Ciadi está pendiente la demanda de Crystallex por casi 3 mil millones de dólares.
Gold Reserve emitió un comunicado donde dice que lo que hay es una "negociación" sin confirmar detalles y de hecho, no ha iniciado actividad alguna en la zona.
Ese Decreto desató reacciones y protestas de todos los sectores nacionales, como de las comunidades indígenas, las ONG dedicadas a la protección del ambiente y muy anchos sectores políticos, incluyendo no pocos del chavismo.
Quizás por eso, Maduro creó por decreto del 2 de mayo la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineral, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) en lo que para muchos fue una forma de implicar a los militares para que defendieran su repudiado "Arco Minero".
Luego vino la masacre de Tumeremo, con sus secuelas, que terminó por significar una "limpieza" parcial de la zona.
Y finalmente, en una operación maquillaje para "no perder imagen", inventó crear el "Ministerio minero ecológico", propuesta realmente ridícula que los jerarcas gobernantes esperan les sirva para "calmar conciencias" entre su gente.
Toda la operación parece diseñada para buscar dólares, tanto en la inversión que podrían hacer empresas transnacionales como en la venta del oro. El "rentismo minero" que espera el Gobierno le sirva para tapar algunos "huecos" en los fondos fiscales.
En el fondo el problema verdadero es que el pozo sin fondo del macro derroche y la mega corrupción que la "revolución" pudo mantener gracias a los gigantescos ingresos petroleros ahora están mucho mas difíciles y el agravamiento de la tragedia humanitaria en escasez de alimentos y medicinas, multiplica el descontento social, aunado al empobrecimiento generalizado debido a la descomunal devaluación e inflación.
Por un lado la "caída" de los precios del petróleo y, lo mas importante, que tras mas de una década de sistemática destrucción de "lo productivo venezolano" en alimentos, acero, aluminio, cemento, productos industriales de todo tipo, ya no es posible para el gobierno tapar el desastre con masivas y desaforadas importaciones porque además de haber malbaratado los mayores ingresos petroleros de la historia, la deuda externa nacional es tan grande que hace casi imposible recurrir a ese mecanismo.
EL "ARCO" MUY AMPLIO DE RECHAZOS
La Red de Organizaciones Ambientales de Venezuela (Red ARA) rechazó y hace intensa campaña contra "el llamado Macroproyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) el cual se plantea como una pretendida solución económica ante la caída de los precios del petróleo".
Dicen que "profundiza el modelo rentista y extractivista; contradice los principios de seguridad de la Nación definidos en el artículo 326 de la misma Constitución; viola derechos humanos y ambientales, así como pretende sea implementada desechando el conocimiento científico y las prácticas ambientales reconocidas internacionalmente y la necesidad urgente de disminuir el impacto de la acción humana sobre el ambiente".
Recalca la Red Ara que "tanto la escala del proyecto, como su enfoque economicista resultan alarmantes", recordando que "se intervendrían cerca de 112 mil km2, el 12% del territorio nacional (...) jamás en la historia previa del país se había planteado esa escala de destrucción ambiental. (...) no se hace mención de los enormes costos que tendrá para la Nación los daños socioambientales inherentes a este tipo de proyectos".
Voces que vienen del chavismo han sido particularmente críticos. Por ejemplo, el escritor Santiago Arconada que lo considera "una puñalada contra la vida en el planeta".
El ingeniero Yoner Arriojas, indigena del Pueblo Jivi advierte que "el arco minero del Orinoco será el nuevo gran genocidio cometido en tierras americanas y la traición mas grande en la historia de Venezuela".
El ex ministro y economista Víctor Álvarez señala que "un Gobierno con mentalidad rentista que intenta sobrevivir sobreexplotando los recursos naturales no podrá impulsar una verdadera estrategia de desarrollo (...) ningún país que transitó esta ruta alcanzó su diversificación económica y bienestar social".
La coincidencia es total desde otros sectores del país. Florencia Cordero, representante de Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) señaló, durante el foro Guayana Sustentable, que se trata de "un atentado que autoriza el despojo de nuestros recursos".
El Manifiesto de Guayana sobre el Arco minero recuerda la relación del Decreto del Arco Minero con la masacre de Tumeremo y recalca que "para los trabajadores mineros, no hay esperanzas de progreso, pues la riqueza que produce el oro no se traduce en mejor calidad de vida".
Finalmente y quizás la acción mas importante, la Asamblea Nacional desautorizó ese Decreto "por ser contrario a los intereses de la República y en abierta violación de los derechos ambientales constitucionales".
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