El gobierno de Juan Guaidó denuncia “los crímenes y atropellos en el Arco Minero” con explotaciones dirigidas por los militares chavistas. El hijo de Maduro, al frente de las minas de coltán
Mineros extraen oro en el Alto Caroní, en Venezuela / Foto: Victor R. /AP
Goyo G. Maestro
La caída de la producción petrolera y la crisis económica que sufre Venezuela desde hace años han empujado al Gobierno de Nicolás Maduro a impulsar la explotación de oro, diamantes, coltán y otros minerales en el Arco Minero del Orinoco, al sureste del país, que atraviesa varias selvas y las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní, habitados por comunidades indígenas.
El Gobierno de Guaidó denuncia que esas explotaciones son “ilegales y a cielo abierto" y están causando un “desastre medioambiental", según dijo el comisionado de la presidencia para la defensa del medioambiente, Américo de Grazia, quien denunció que esa voracidad está ya contribuyendo al cambio climático y provocando estragos a nivel social y medioambiental.
La delegación de Guaidó en la Cumbre del Clima de Madrid ha entregado a varios países un informe en el que se alerta de un proceso que se intensificó en el año 2016 con concesiones mineras en un 12% del territorio nacional, que contiene 700 toneladas de oro, cobre, diamante, coltán hierro y bauxita. Sin embargo, según Grazia, “la barbarie de la minería” ha ido creciendo y afecta al 50% de la geografía venezolana, donde habría alrededor de 1.900 explotaciones mineras ilegales.
El biólogo venezolano Eulogio Chacón aseguró que las minas de oro a cielo abierto “han generado un proceso de deforestación que afecta a una zona de selva tropical” y cuya “restauración será casi imposible” al reducir “el efecto mitigador del cambio climático y destruir el suelo”. La delegación formada por Antonio Ecarri, embajador de Guaidó en España, e Isadora Zubillaga, embajadora en Francia, ha calificado en una rueda de prensa en Madrid de “ecocidio” la actuación del régimen de Maduro. “En Venezuela no existe ninguna regulación medioambiental. Antes había desorden pero ahora hay anarquía", señaló Zubillaga.
Según Grazia, los militares controlan “este negocio de contrabando” a través de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, Camimpeg. Los miembros de las Fuerzas Armadas ponen al frente de las minas a cabecillas de grupos criminales, los llamados “pranes”, con los que se reparten el beneficio. “Las FARC, el ELN, Hezbolá y Hamas se han desplazado para operar en esa zona con el mismo propósito que los pranes, solo que ahora tiene connotación ideológica. Eso ha provocado nueva fase de masacres en Bolívar y Guayana”, denunció Grazia.
El 91% del oro venezolano se produce ilegalmente, lo que representa el mayor índice de cualquier país de Latinoamérica. El informe pone de manifiesto que la zona de explotación de materias primas “cuenta con la presencia de grupos armados y criminales, amparados por la corrupción del Estado”.
Los ingresos anuales declarados por la minería en Venezuela corresponden a tres días de renta petrolera al año, según Grazia, que es también diputado en el estado de Bolívar, uno de los más afectados por esta práctica. Es decir, los beneficios para el Gobierno casi no existen porque, añadió, sólo se lucran unas élites. “Están haciendo un saqueo triangulando con Rusia, China, Irán y otros países”, afirmó el representante de la oposición, quien señaló directamente a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente, como uno de los jefes con control absoluto de las minas de contrabando de coltán, mineral codiciado por la industria de la electrónica. “Queremos que se acentúen las sanciones a los que producen oro, diamantes y coltán de sangre”, reclamó Grazia.
Entre los daños que está provocando la minería, Grazia señaló los efectos del mercurio utilizado para separar la tierra con mangueras a alta presión. “Ese mercurio llegan a los afluentes y contamina el agua y los recursos pesqueros, que son el sustento proteico de 20 etnias de indígenas que habitan esos territorios. El mercurio, además, llega al Atlántico desde el río Orinoco”.
Los sedimentos que genera la explotación minera están cayendo, añadió Grazia, al embalse del Guri, “que es la fuente de energía eléctrica más importante de Venezuela, y donde está la tercera hidroeléctrica, más importante de toda América”, una zona que ya ha tenido que ser dragada para retirar dichos sedimentos, añadió.
También existen consecuencia sanitarias. El biólogo Chacón denunció el aumento de los problemas de salud de los indígenas a causa de enfermedades como la malaria, que según Grazia afecta a medio millón de venezolanos. “Los mosquitos ven repotenciado su ciclo de vida por el aumento de la temperatura y los espacios abiertos de agua estancada, que conlleva a una expansión de esta enfermedad”. Según explicó Chacón, el 25% de las muertes en los estados de Amazonas y Bolívar son causadas por la malaria.
El Gobierno anunció en octubre su intención de entregar a cada uno de los 23 estado del país la gestión de una mina de oro para impulsar el desarrollo local y “hacer frente al bloqueo”, algo que según Grazia se ha encontrado “con la oposición de los militares porque no quieren desprenderse de ese negocio”. Todo el porcentaje del negocio se lo reparten los pranes, los militares y los mineros. "El Estado no ingresa nada. Es una corporación criminal”, lamentó el diputado.
La minería de contrabando es un foco de violencia y criminalidad, aseguro Grazia. En 2016 tuvo lugar la masacre de Tumeremo, en Bolívar, donde desaparecieron 28 mineros en un ataque atribuido a la banda de Jamilton Andrés Ulloa, alias el Topo. En 2017 murieron 30 mineros en enfrentamientos con tropas estatales cerca de Tumeremo.
El Ejecutivo de Maduro ha asegurado en el pasado que puso en marcha el proyecto de explotación minera para “afrontar la guerra económica y constituir un nuevo modelo económico productivo”, “tratando de implantar un modelo de minería ecológica”. Para ello instaló 54 nuevas plantas a finales de 2018, con financiamiento tanto público como privado. “Sin embargo, sus localizaciones legales son desconocidas”, se dice en el “Informe sobre la situación del Arco Minero y la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela”, desarrollado por el Comisionado para la Organización de la Naciones Unidas.
El Gobierno realizó concesiones a diversas empresas chinas, rusas, canadienses, surafricanas, australianas y de otros países. El año pasado, el ministro de Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela, Víctor Cano, informó que el país tiene la cuarta mina de oro más grande del mundo con casi un millón y medio de kilogramos en recursos auríferos.
En el contexto de la Cumbre del Clima de Madrid este viernes habrá una charla sobre titulada “Venezuela bajo el Arco Minero” con activistas y políticos venezolanos en GPS, en el barrio de Embajadores.
