Todos los seres humanos nacen crecen, se desarrollan, envejecen y mueren. De esa Ley impuesta por el creador no se salva nadie, pero un gran porcentaje de seres vivos tiene la oportunidad de disfrutar su ciclo de vida en las mejores condiciones y por una serie de razones que se sobreentienden por lo obvio.
La mayoría, sin embargo, enfrenta la existencia llena de sobresaltos, trabajando de sol a sol para levantar una familia, una riqueza distinta a la material. Cuando se es joven la vejez está a una distancia que parece inalcanzable por lo cual el tiempo, viajero inexorable, se mantiene a la espera del desarrollo de los años, porque sabe que algún día tendrá como huésped a los que hoy no temen en absoluto al fin de la alegre y despreocupada juventud. ¿A qué viene esta historia?.
Pues al olvido que padecen los hombres y las mujeres de la llamada tercera edad por culpa del Estado, obligado como está a proteger nuestra infancia y velar por la vida de los ancianos, símbolos de la sabiduría de los pueblos de ayer y de siempre. Los que superaron ya la edad del trabajo y cumplieron con sus obligaciones con las instituciones de asistencia social tienen todo el derecho de recibir del Estado una pensión, como lo establece la Ley correspondiente, de obligatorio cumplimiento por el Poder Ejecutivo, que se encarga de la administración de los recursos financieros del país.
Esa asistencia al pensionado es práctica universal, menos en Venezuela. La grave crisis que atraviesa el país ha tocado con mayor rigor a nuestros viejos a pesar de la enorme cantidad de dinero que ha manejado el llamado gobierno revolucionario. Hoy reciben una miserable suma que no alcanza ni para una modesta compra de alimentos y menos para adquirir las medicinas que necesitan para poder disfrutar unos años más del milagro de la vida.
Hace varios meses la Asamblea Nacional había aprobado la Ley del Bono para la Alimentación y Medicinas a Jubilados y Pensionados, con la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero el Ejecutivo incumpliendo ese mandato desentendiéndose de su obligación sin dar mayores explicaciones.
Por otra parte los venezolanos residentes en el exterior, beneficiarios de la pensión del Seguro Social, tienen muchos meses sin cobrar un céntimo de ese dinero, sin que tampoco se conozcan los motivos. Centenares de ellos pululan por las cancillerías y embajadas de nuestro país en un lamentable peregrinar sin que se abra una puerta para recibir sus quejas. Mientras tanto, los dólares venezolanos se gastan inapropiadamente en eventos internacionales irrelevantes, viajes y dádivas a gobiernos amigos del proceso ante la mirada atónita y triste de nuestros abuelos.
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