La sociedad venezolana se viene deslizando peligrosa y vertiginosamente hacia un abismo al parecer insondable.
El camino por el que transitan sus habitantes es, evidentemente, intransitable; todo está lleno de espinas, el trayecto actual se caracteriza por exhibir grandes obstáculos que si no impiden sí obstaculizan la continuidad en la libre transitabilidad hacia una auténtica gobernanza.
La ley, como maximización jurídica del “Estado de Derecho” de la sociedad ha sido convertida en un burladero. Nadie acata ni respeta la ley porque tampoco nadie ve razones para hacerlo. Las instancias institucionales por mandato de jure garantes del estricto cumplimiento de la ley son las primeras en ostentar su inobservancia e incluso su abierta y flagrante transgresión.
A todas luces se evidencia en el país una inmoral escisión entre el sujeto de derecho y el Estado de Derecho; dicho en otros términos, la ley va hacia el sur y el ciudadano hacia el norte, cuando en una sociedad más o menos “normal” ambas entidades deberían tender hacia una totalidad orgánica de libérrima convivialidad, es decir, la ley no tendría que ser un óbice para la coexistencia pacífica y civilizada de los individuos sino más bien un mecanismo que facilite y garantice la convivencia de los contrarios en un mismo espacio civilizatorio.
Por el contrario, en Venezuela la ley obstruye la justicia y obstaculiza la aplicación y administración de la misma. La obscena partidocratización de la administración de la norma jurídica envía a la sociedad toda un peligroso mensaje de permisividad y de tolerancia al delito cuando no a su estímulo y fomento. La “revolución” se propone desmontar el entramado jurídico-político institucional que los revolucionarios estiman parte sustantiva del antiguo régimen. No otro fin tiene la ofensiva estatocrática expropiacionista que adelanta la Sundee, el Sebin, la GNB ya los CLAP contra pequeños y medianos comerciantes en todo el territorio nacional bajo el manido pretexto de vigilancia y control de precios y esgrimiendo el ardid propagandístico de la especulación y el acaparamiento de productos.
La ley en manos del Estado es una coartada publicitaria. En no pocas ocasiones sirve solo para someter a la sociedad bajo los dictámenes del estatismo revolucionario.
El antagonismo irreconciliable es meridiano: el Gobierno contra la sociedad. La “ley” está secuestrada por el Estado y este último está confiscado por una élite tecno-burocrática enquistada en una lógica partido-crática, la lógica del partido único; de donde se colige que únicamente con un giro copernicano (cambio paradigmático) sería, eventualmente, posible re-establecer una cierta normalidad en el funcionamiento del sistema de justicia y un necesario equilibrio de poderes, garantía imprescindible para que sea posible hablar con seriedad de democracia.
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