Dice la gente del barrio que es más peligroso un policía que un malandro. Fruto de la experiencia. En lo que llevamos de año se han multiplicado las denuncias de abusos policiales contra el derecho a la vida de ciudadanos tanto delincuentes como inocentes. Ninguno de los organismos de seguridad (¿?) se libra.
Entre febrero y marzo (2016) se dio la orden de perseguir a sangre y fuego a los jefes de banda. Cayeron muchos, grandes, medianos y pequeños, se llamaran pranes, volanteros, jefes o simplemente malandros.
Muchos inocentes también fueron ultimados porque se parecían al que se buscaba, porque estaban en el lugar equivocado, porque fueron vengativamente acusados de lo que no eran por algún enemigo o porque sí. Se puede decir que, con muy pocas excepciones, ninguno fue sometido a juicio, ninguno fue capturado, ninguno encarcelado. El que se defendió a tiros, a tiros fue ejecutado. El que no se defendió porque no pudo, porque no quiso, porque creyó en la justicia, siguió la misma suerte.
Para Provea durante 2015 y lo que llevamos de 2016 las violaciones a la integridad personal han aumentado en un 902%. “En este momento tenemos más de 700 ejecuciones extrajudiciales cometidas desde la introducción de las OLP”, dijo su coordinador. La gente denuncia, pero no pasa nada porque, como dijo un oficial por mí ya citado en otro artículo, eso está hablado internamente.
Lo más grave de todo esto es que la orden, el permiso y la incitación a matar impunemente al que ha sido definido como delincuente libera en el agente policial peligrosas tendencias a ir más allá de esos límites oficiales, ilícitos pero límites, e incursionar en el campo abierto del malandraje.
Y esto además sin pudor y en banda. Así, en Vargas, hace pocos días, es sólo un caso, de la manera más cruel, tres policías mataron a un barbero y lo arrojaron por un barranco. Nada del otro mundo desgraciadamente. Sin embargo, lo más preocupante es que un contingente de cincuenta funcionarios, en solidaridad con los asesinos, agredió por dos veces el cortejo fúnebre lesionando y deteniendo a varios de los participantes. Las bandas malandras ahora son también de policías.
El muy serio periodista de investigación Javier I. Mayorca, nos asusta con dos análisis bien sustentados: uno de la FAN y otro del Sebin señalando en el primero el aumento significativo de casos penales en los que están involucrados funcionarios militares y el segundo indicando que a ese organismo nadie lo controla.
Con policías y militares así, ¿quién garantiza nuestra seguridad?
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