Los regímenes totalitarios ponen al Estado por encima del derecho, porque forma parte de su ideología, hacen suya la famosa frase de Maquiavelo: “El fin justifica los medios”.
En ese camino, de tal guisa, la separación de poderes –pesos y contrapesos propuesto por Montesquieu– un Parlamento legislando autónomamente, la inmunidad parlamentaria, la libertad de expresión, el sufragio universal y demás derechos fundamentales como el de la vida, la salud y la educación son pamplinas, si se oponen al Estado que traerá algún día el paraíso fascista o comunista –a los efectos es lo mismo– donde existirá la más bella utopía que soñemos. Claro está que eso siempre vendrá más adelante, pateando ese mingo permanentemente, pero por ahora… el que no lo entienda: palo, reja y candado con él.
El artículo 200 constitucional preceptúa la inmunidad parlamentaria, pero cómo va a respetar el Estado comunista y revolucionario un derecho burgués para que los opositores no puedan ir presos por las actividades privativas de sus funciones. ¿Es que no se dan cuenta de que defender a los ciudadanos de un Estado que busca su felicidad es un contrasentido? Así mismo, el ordinal 4º del artículo 49 ejusdem prevé que “toda persona tiene derecho a ser juzgado por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley”.
Esos artículos constitucionales, 200 y 49, han sido dejados de lado, inexistentes, porque contienen normas ilusas de un Estado democrático-burgués y, en consecuencia, no sabe lo que le conviene al pueblo. Por eso “nuestro Estado comunista, o fascista, no solo debe poner preso, sin fórmula de juicio, a cualquier ciudadano que pretenda oponerse a nuestro modelo de felicidad, sino que además debe ser sometido a ese proceso en la jurisdicción militar”.
Bien lo decía Luis Beltrán Prieto Figueroa: “El presidente de la República que ordena el enjuiciamiento por intermedio del ministro de la Defensa, recurre a la jurisdicción militar porque administra su propia justicia para que decidan sus funcionarios, que son militares en servicio sometidos a la disciplina que obliga su cumplimiento sin discusión, ya que los cuerpos militares y sus integrantes son pasivos y obedientes”. Dicho en otra época y circunstancia, se repite hoy con saña y actitudes peores que en el pasado.
Ya los nazis lo veían con prístina claridad, el mensaje estaba contenido en una reflexión del “gran jurista” Carl Schmitt, quien había resumido la nueva doctrina jurídica así: “La totalidad del derecho alemán hoy en día debe regirse solo y exclusivamente por el espíritu del nacionalsocialismo… Cada interpretación debe ser una interpretación según el nacionalsocialismo”. En consecuencia, los crímenes más espantosos no eran punibles si se cometían en interés del Estado, mientras que actos legales eran punibles si eran contrarios al mismo.
Nuestros juristas del horror que se encuentran emboscados en el TSJ, sin llegar a la brillantez malévola de Schmitt, se basan para decidir en el interés de la “justicia bolivariana”. Así fue que decidieron coartar las potestades de la Asamblea Nacional, disolverla en la práctica, poner presos a sus diputados y someterlos a la justicia militar.
Siempre les hemos recomendado a los gobernantes de turno que no imiten a los regímenes totalitarios y fascistas o comunistas, que no cierren los caminos y las vías democráticas, porque nunca se sabe cómo va a reaccionar el pueblo cuando le conculcan el ejercicio de su soberanía.
Rómulo Betancourt, con claridad de estadista, nos recordaba: “La lección de Hitler y Mussolini será perdurable, se enriqueció con la muerte de Hirohito, de Francisco Franco y seguirá enriqueciéndose cuando los otros ‘hombres providenciales’ que aún subsistan, todos temblorosos, sobre el escenario universal afronten también el pelotón de fusilamiento o la muerte por mano propia. En lo sucesivo, los aspirantes a déspotas, quienes consideran el látigo como instrumento adecuado para gobernar a los pueblos, quienes han venido preconizando la quiebra definitiva de las formas democráticas de gobierno, vacilarán antes de lanzarse a la aventura dictatorial porque ya saben que los pueblos están resueltos a hacerse justicia”.
Cuando el Estado se pone por encima del derecho –anulando inmunidades e imponiendo jueces militares a civiles– el pueblo tiene el sagrado derecho de rebelarse.
Por ello defender el derecho del sufragio, en época de crisis, es la única salida viable a un conflicto irresoluto. Obstruir la espita de esta olla en ebullición es demasiado peligroso. Eso lo sabía Llovera Páez, cuando le recomendó al penúltimo dictador: “Marcos, vámonos porque pescuezo no retoña”.
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