En septiembre de 2013, el presidente Nicolás Maduro señaló que el origen de la violencia juvenil provenía de las series de televisión y las películas estadounidenses. Y puso como ejemplo a Spiderman. El superhéroe de Marvel Comics, que se esconde detrás del adolescente Peter Parker, le parecía más real y contundente que la realidad del país.
En Venezuela, dos personas son asesinadas cada hora. Es uno de los porcentajes de homicidios más altos del mundo. Nicolás Maduro, sin embargo, parece seguir más preocupado por personajes de ciencia ficción. A principios de enero organizó en el país un gran simulacro de maniobras militares con la participación de más de medio millón de civiles y soldados. Él mismo apareció en la televisión manipulando un fusil automático pesado, calibre 7,62 milímetros, y llamando al pueblo a estar preparado para defender a la patria para lo que ofreció repartir 20 mil de esos fusiles en los barrios del país. ¿Quién es el enemigo?
Aunque dijo que hay que prepararse para defender la soberanía, Nicolás Maduro no apunta su rifle en contra los Estados Unidos ni amenaza a Spiderman. Todo su espectáculo de guerra realmente está dedicado a sembrar y distribuir el miedo dentro de su propio país. Con la cancelación del referendo revocatorio en octubre, cerró las alternativas políticas frente al descontento. Solo le queda la fuerza. El presidente apunta el fusil en contra de su pueblo. Los venezolanos ahora estamos obligados a aprender a luchar, democráticamente, en contra de un gobierno cuya lógica fundamental es la violencia.
No es la primera vez que Nicolás Maduro denuncia una probable invasión. También, en múltiples oportunidades, ha denunciado planes para asesinarlo. Se trata de un patrón discursivo. El gobierno insiste en proponer que la explicación a toda la enorme crisis económica que vive el país está fuera del país. Todo es culpa de una conspiración del capitalismo internacional y del imperialismo yanqui. Pero el éxito de este argumento oficial entre la población ha sido limitado. Casi nadie cree que exista un enemigo muy poderoso que, desde el exterior, imponga la inflación, la escasez y la violencia en Venezuela.
Desde el comienzo de su gobierno, en el año 2013, Maduro ha buscado desesperadamente un adversario, extranjero y enorme, a quien poder culpar de todo. Solo ahora, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, lo tiene. Trump puede ser la gran amenaza que Nicolás Maduro tanto necesita. Pero eso todavía está por verse.
Sin ese inminente y descomunal peligro foráneo, el creciente militarismo del gobierno venezolano pierde sus justificaciones y queda al desnudo. A medida que ha avanzado su gobierno, Maduro ha ido otorgando cada vez más poder a la Fuerza Armada. La presencia de militares —activos o retirados— en su gabinete y en puestos claves de la función y responsabilidad pública, incluso en cargos diplomáticos, ha ido en aumento.
Ya son once las empresas militares que Maduro ha creado y apoyado. La Fuerza Armada venezolana tiene una constructora, una productora de alimentos, una embotelladora de agua natural, un banco, un canal de televisión. Hace un año, mediante un decreto presidencial, incluso creó una compañía anónima militar cuyo objetivo es prestar servicios petroleros, de gas y de explotación minera, sin ningún tipo de supervisión ni límite. Todo esto aparte de las tareas de Estado que —también cada vez con más frecuencia— le traspasa con enorme facilidad el propio gobierno: desde el control y la gestión los puertos del país, hasta la distribución de alimentos y medicinas en todo el territorio nacional. Por si esto fuera poco, en diciembre pasado el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el partido de gobierno, arrebató a los poderes civiles el control y la auditoría sobre las empresas y actividades de la Fuerza Armada. La llamada “Revolución bolivariana” es un exceso de militares.
En 2015, el gobierno estableció una resolución ilegal que le permite a los militares usar armas de fuego y material tóxico para reprimir manifestaciones pacíficas. Es una forma de legalizar la represión y el abuso ante cualquier protesta ciudadana. Es otro paso en el camino de la criminalización de cualquier cuestionamiento o disidencia frente el gobierno. Cada vez más a menudo, los Servicios de Inteligencia del Estado detienen y secuestran por varias horas a supuestos subversivos que –sin respetar los procesos judiciales establecidos en la constitución– son acusados de terrorismo, presentados ante tribunales militares y, rápidamente, encerrados en una prisión. Según la organización Foro Penal, el gobierno realizó 2732 arrestos políticos en 2016.
Se trata de un proyecto de administración de la violencia que debe analizarse, también, en un contexto mayor. Frente a las terribles estadísticas de homicidios del país, Nicolás Maduro le ha encargado la seguridad ciudadana a los militares. Los operativos diseñados por la Fuerza Armada –conocidos como OLP (Operación Liberación y Protección del Pueblo)— son maniobras de guerra que han producido dudosos resultados y que han sido señaladas, tanto por la oposición como por especialistas y organizaciones de derechos humanos, como “operaciones de exterminio”. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, desde que comenzó este procedimiento en 2015, se han reportado más de 800 muertes en circunstancias extrañas, no aclaradas por las autoridades. A finales del año pasado, en la población de Barlovento, en medio de uno de estos operativos militares, doce jóvenes fueron masacrados y desaparecidos. Sus cuerpos fueron hallados luego en dos fosas comunes. Los mató el Ejército, no Spiderman.
Pero ahora Maduro aparece en la televisión, apuntando hacia el cielo con un fusil y anunciando que armará a los barrios populares. No es un chiste. Tampoco es inverosímil. Según un informe del Instituto de Paz de Estocolmo, en los últimos años, mientras su población padece la inflación más alta del planeta, Venezuela ha alcanzado el puesto número 18 en la clasificación de los grandes compradores de armas en el mundo.
Nicolás Maduro está buscando un enemigo que alce el puño y que construya muros. Le conviene el silencio cómplice de sus pares en la región y una celebridad del reality show que llega izando la bandera de la intolerancia.
Los venezolanos necesitan todo lo contrario. Más que nunca los partidos de oposición deben dejar de lado sus intereses particulares y unirse en una lucha por rescatar los espacios democráticos, por exigir que se realicen ya las elecciones que establece la constitución y que el gobierno se empeña en posponer. Venezuela es una bomba de tiempo. Solo con acciones políticas comunes, presionando interna e internacionalmente, se puede desactivarla.
