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| El diputado anunció que se vio obligado a resguardar a su familia.habría tomado la decisión de trasladar a su familia a Colombia, tras conocer la emisión de una orden de captura emitida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) contra su esposa, Jofreny González Canelones. |
Fuentes cercanas al parlamentario aseguraron que tomó la decisión para “resguardar la seguridad de su esposa e hijo de tres meses”. A Jofreny González se le acusa de ser parte de una red de tráfico de vehículos, investigación por la que ya estuvo detenido su hermano, Juan Carlos Sosa
Fuentes cercanas al parlamentario confirmaron que desde hace dos semanas, comisiones del Sebin habrían estado en las afueras de la residencia de Olivares y González Canelones, quien está al cuido de su hijo de tres meses de nacido, Francisco Olivares González. En estas visitas exploratorias, funcionarios del Sebin habrían advertido que iban a cumplir con una orden de captura librada contra la esposa del diputado.
“Olivares ha recibido amenazas contra su esposa, su madre, su hermano y su suegra durante las últimas semanas. Las agendas de protestas y el acompañamiento de Olivares y su vocería en cuanto al deterioro del sistema de salud y la urgencia de ayuda humanitaria han sido su detonante. Le exigieron silencio y él se negó. Esto trajo como consecuencia que se desempolvara la investigación con la cual detuvieron a su hermano el año pasado y con la que ahora quieren involucrar al resto de su familia”, explicó una fuente de Primero Justicia que pidió mantener el anonimato.
De acuerdo con los documentos que habría recibido el parlamentario, la orden de detención contra su esposa explica que “la ciudadana Jofreny González Canelones, titular de la cédula de identidad 19.123.279, de profesión u oficio abogado, laboró como subgerente de la empresa Aseguradora Multinacional de Seguros C.A., quedando cesante en dicha empresa, en fecha 23-11-2015, por lo que se presume la participación activa de esta ciudadana en la realización de trámites para la adquisición de vehículos de presunta procedencia ilegal”. Esta investigación es la misma por la que fue detenido el hermano del diputado, Juan Carlos Sosa Marquina, quien estuvo ocho meses en el helicoide y fue uno de los presos políticos que recibió medidas de libertad condicional a principios del mes de junio de este año.
La familia Olivares Gonzalez habría salido del país vía Colombia utilizando trochas y auxilio diplomático, pues el hijo de la pareja no cuenta con pasaporte, a pesar de haber sido solicitado, una práctica recurrente del gobierno de Nicolás Maduro retrasar la entrega de los mismos.
De los antecedentes
El caso por el que se intenta detener a la esposa de Olivares es el mismo por el cual funcionarios del Sebin detuvieron a su hermano el 25 de septiembre de 2017, en el sector Vía Eterna del barrio Ezequiel Zamora de la parroquia Catia La Mar en el estado Vargas, durante un acto de campaña para las elecciones regionales, cuando Olivares aspiraba a la Gobernación de Vargas.
Sosa Marquina fue presentado en los Tribunales Penales del estado Vargas el 27 de septiembre de 2017. El Tribunal Segundo Penal dictó privativa de libertad a Sosa Marquina. Fue acusado por el delito de forjamiento de documento de propiedad de un vehículo. En este caso, una camioneta doble cabina marca Mazda a nombre de la madre de ambos, Lucía Marquina, quien compró la camioneta de segunda mano en un remate de vehículos siniestrados por Multinacional de Seguros en el año 2012. En esta aseguradora trabajaba la esposa de Olivares, Jofreny González.
“El juicio del hermano de Olivares nunca se inició; sin embargo, el expediente sigue abierto, como una amenaza permanente. Lo mismo quiere hacer el Gobierno nacional con su esposa y hasta con su mamá, por ser quien compró el vehículo. Olivares decidió poner en resguardo a su esposa y a su hijo de tres meses, llevándolos fuera de Venezuela."
Olivares estaría evaluando su regreso o no al país. “Lo primero es la seguridad de su núcleo familiar. Una vez se evalúen los escenarios el propio Olivares dará las declaraciones correspondientes”.
El Sebin comenzó a perseguir a la familia de José Manuel Olivares el 3 de julio - Por César Batis
Un alto oficial de la policía política llamó por teléfono al diputado para amenazarlo: “Tienes dos opciones: o te quedas en Venezuela sin hablar de la salud, sin ir a los hospitales, aceptando lo que anunciará el Presidente y desmontando lo de las medicinas, o tu hermano, mamá y esposa van presos"
El médico y diputado a la Asamblea Nacional (AN) por Vargas, José Manuel Olivares, hizo lo que pocos líderes políticos: acompañó a sus colegas del gremio de la salud en sus reclamos de calle. En medio de su apoyo a la lucha de los trabajadores de la salud durante una protesta en el Hospital Clínico Universitario, el joven parlamentario exigió al gobierno de Nicolás Maduro que concediera a enfermeras y médicos el mismo “trato salarial” que brinda a los militares.
Luego de ofrecer esa declaración el martes 3 de julio, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) desató una persecución en su contra que le ha obligado a resguardarse junto con su hermano, su madre, su esposa y su bebé de apenas tres meses de nacido
“Tienes dos opciones: o te quedas en Venezuela sin hablar de la salud, sin ir a los hospitales, aceptando lo que anunciará el Presidente y desmontando lo de las medicinas, o tu hermano, mamá y esposa van presos al Sebin. Tu otra opción es tomar unas largas vacaciones y nosotros ver qué hacemos con tu familia”, le habría advertido vía telefónica, el jueves 12 de julio, un alto oficial al presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.
La amenaza pasó rápidamente de la palabra a los hechos. Comisiones del Sebin se presentaron a la residencia del diputado, mostrando las órdenes de captura que ya habían sido emitidas contra su madre, su esposa y su hermano, Juan Carlos Sosa Marquina.
Olivares sufrió un ataque similar hace menos de un año. Su hermano Juan Carlos fue detenido sin orden judicial, en septiembre de 2017, en un acto de campaña electoral por la Gobernación del estado Vargas y estuvo preso durante nueve meses, hasta que resultó favorecido en el reciente proceso de excarcelaciones ordenado por Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, justificó la captura de Sosa Marquina exponiendo que supuestamente manejaba un vehículo robado. El parlamentario y sus abogados explicaron desde un principio que el auto en cuestión era propiedad de su madre.
En el caso de su esposa, una abogada de 30 años, el Sebin le abrió un expediente donde la relaciona con los “trámites para la adquisición de unos vehículos de presunta procedencia ilegal” que habría llevado a cabo una empresa aseguradora en la que trabajó hasta noviembre de 2015.
La policía política del gobierno de Maduro ejecuta esta arremetida contra Olivares mientras enfermeras, médicos y demás empleados del sector salud llaman al país a respaldar su protesta para demandar mejores condiciones laborales y salarios dignos.
Cuenta pendiente
Médico con posgrado en oncología, el dirigente de Primero Justicia ha promovido desde la AN la declaratoria de emergencia humanitaria y la aprobación de la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud, ambas iniciativas bloqueadas por el oficialismo. Igualmente, ha tomado como bandera la denuncia de la crisis hospitalaria, la escasez de medicinas y la reaparición de enfermedades que habían sido erradicadas en el país.
Junto con otros jóvenes diputados, Olivares estuvo al frente de las protestas de 2017, que arrojaron un saldo de más de 120 muertos y cientos de detenidos. En una de esas manifestaciones fue impactado en el cráneo por una bomba lacrimógena, que le causó una laceración que ameritó 12 puntos de sutura.
En el marco de la campaña en el litoral central, donde enfrentó al gobernador Jorge Luis García Carneiro, señaló que atacaron su casa y la sede de su fundación “Manos por Vargas”, que tiene como objetivo brindar ayuda médica en la entidad.
Con estos antecedentes a cuestas y tras confirmar la amenaza contra sus familiares, Olivares ha tenido que proteger a su hermano, su madre y su esposa para evitar que toda la familia termine tras las rejas del Sebin por su defensa de las enfermeras y médicos que hoy son el símbolo de la rebeldía contra el régimen de Maduro.
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