El cambio de los tiempos ha llevado a que muchas cosas varíen y los parámetros de comparación con episodios anteriores sean complejos. Sin embargo, en muchos casos, si bien ha cambiado la forma como se hacen las cosas, en el fondo el propósito es el mismo, buscar la perpetuidad, aniquilar a la disidencia y asfixiar a la opinión pública a través de la censura, los controles y una política de siembra del miedo en el que el culto a la personalidad se fusiona con la prepotencia castrense y un discurso violento.
Las dantescas dictaduras militares de los años veinte, cincuenta y setenta del siglo pasado no tienen en la forma parangón con lo que vive la región en pleno siglo XXI. La crueldad sanguinaria de Gómez, Pérez Jiménez, Odría, Somoza, Trujillo, Perón, Rojas Pinilla, Batista y otra serie de personajes que representan el oprobio latinoamericano ha cambiado al menos en las maneras. Aunque se esgrime la fuerza y muchos opositores van a parar a la cárcel y se cierran medios, se evidencian otros parámetros como el uso de la justicia para controlar y la aplicación de decisiones administrativas que tratan de sustentar el proceder contra los disidentes.
Una de las prácticas más habituales en algunos países es la arremetida contra los parlamentos. Los militares argentinos y chilenos decretaron el cierre de los legislativos en sus respectivos países para gobernar sin control. En la actualidad no se llega a esos extremos de fuerza. Simplemente se retiran, empleando a veces la justicia, las atribuciones constitucionales como las de ejercer contraloría, aprobar los presupuestos o decidir su comportamiento interno, dejando al órgano legislativo como una estructura inoperante que no tiene funcionalidad ni incidencia real.
Anteriormente, los gobiernos abandonaban aquellos organismos en los que eran cuestionados. Por ejemplo, el régimen venezolano salió de la Organización Internacional del Trabajo en 1955 porque dicho ente convocó una reunión en Caracas en la que algunos delegados cuestionaron que se hiciera el encuentro en un país en el que en las cárceles abundaban los presos políticos. Ahora el proceder es otro. Los gobiernos no abandonan los espacios, sino que crean estructuras a su medida en las que confluyen los que piensan de la misma manera. Igualmente ocurre a lo interno, donde no se ilegalizan sindicatos, gremios y partidos, sino que se intervienen a través de dudosas sentencias o se crean otros paralelos, en algunos casos hasta violando la ley, todo ello en un marco de censura y de autocensura.
Pero al final las dictaduras, sean las tradicionales o las refinadas, terminan siendo repudiadas por las sociedades que se hartan de la represión, la carestía, el miedo y la mentira. Alberto Fujimori, quien era un claro ejecutor de un programa de violencia y perpetuidad con ropaje de democracia, está disminuido y su rostro descompuesto al escuchar las sentencias de los tribunales y de la historia, no se diferencia mucho del de Videla, por citar un caso, pues en el fondo, aunque la dictadura trate de maquillarse, la reacción de la democracia se torna indetenible y se erige triunfadora.
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