La conducta del Consejo Nacional Electoral es una evidente expresión del mal político contemporáneo. Estoy en la obligación de precisar: hablo, específicamente, de las decisiones que las señaladas cuatro rectoras, Socorro Hernández, Sandra Oblitas, Tania D’Amelio y Tibisay Lucena, han venido tomando para evitar la realización del referéndum revocatorio este 2016. Quiero advertir aquí que fuentes internas de esa organización señalan que las pretensiones de las cuatro señoras van todavía más allá: su propósito real sería, en definitiva, que no se produzca ningún proceso electoral en los años 2016 y 2017: ni el ya mencionado referéndum revocatorio ni las elecciones a gobernadores.
He hablado de mal político contemporáneo. El primer aspecto que debe ser considerado es el relativo al destino del propio Consejo Nacional Electoral: lo que significa que la institución que debería ser el árbitro y organizador de los procesos electorales en Venezuela, por una parte, asuma con descaro y sin rubor una parcialidad; y, por la otra, ponga en movimiento un activismo para sabotear la realización de un proceso electoral al que la sociedad tiene derecho. Las cuatro señoras, y esto hay que decirlo sin tapujos, se han convertido en agentes de un programa de sabotaje. Usan su autoridad para hacer lo contrario de lo que la ley les ordena. Hay algo profundamente miserable en esto: el que las autoridades dediquen su tiempo y sus experticias a diseñar trampas y embudos, mecanismos para alargar los tiempos, medidas para obstaculizar y retrasar. El mal político es justamente el uso de las ventajas que les otorga su cargo para jugarle sucio a la sociedad venezolana.
Esta operación del mal político ahora mismo en proceso no solo ocurre en contra de la inmensa mayoría de los ciudadanos venezolanos; no solo ocurre en contra del deseo y el derecho del pueblo de Venezuela, sino que se ejecuta en contra del profesionalismo y la razón corporativa de los empleados del CNE, donde trabajan centenares de personas honradas y expertas en sus respectivas especialidades que ahora mismo contemplan con estupefacción el programa de sabotaje emprendido por las cuatro señoras. En los pasillos y oficinas del CNE se siente el malestar. Salvo los fanáticos y el grupillo de aduladores que las rodea, la inmensa mayoría sabe que la conducta del comando saboteador es deleznable.
Repito: encarnaciones del mal político. Protagonistas de una operación de chantaje que mantiene en vilo a los dirigentes de la MUD. Si una marcha, indiscutiblemente pacífica, se propone alcanzar las inmediaciones o las puertas de alguna de las oficinas del CNE, suspenden la actividad. Es decir, más retraso. Si voceros demócratas denuncian lo que está ocurriendo, entonces la señora entre las señoras, la señora Lucena, proclama que el CNE es víctima de una campaña de desprestigio. Y hay más: la intención es que las críticas a las señoras sean calificadas como violencia de género. Porque, además de todo, lo que las cuatro señoras pretenden es ejecutar su plan de sabotaje, socavando el derecho y el deber de denunciar lo que esto significa.
Lo que corresponde entender y asumir es lo siguiente: las decisiones de las cuatro señoras son portadoras de violencia. De una profunda violencia. Atrincheradas en su poder, premunidas de impunidad, enquistadas en su condición de señoras, actúan en contra de los ciudadanos de Venezuela. En contra de las familias. En contra de la Constitución vigente. En contra de las leyes. En contra de nuestros derechos. En contra de los trabajadores del CNE. Las señoras toman decisiones que violentan el ánimo de las personas. Hacen uso humillante de su autoridad en contra del sentido común. Nos despojan de nuestros derechos. Quieren que los ciudadanos adoptemos una actitud de sometimiento e impotencia. Puesto que las señoras actúan en contra de la Constitución de forma sistemática, las cuatro señoras tienen una responsabilidad directa en relación con las consecuencias de impedir una salida electoral a la crisis venezolana. Son las señoras de la violencia. Sus principales promotoras.
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