INICIO
El 1 de abril de 2017 inició una oleada de protestas en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera dos sentencias que dejaron sin poderes a la Asamblea Nacional y otorgaron nuevas licencias a la máxima corte y al presidente Nicolás Maduro. La acción, que constituyó un golpe de Estado según los expertos, propició una serie de manifestaciones para exigir la liberación de todos los presos políticos, la apertura del canal humanitario, un cronograma electoral para realizar los comicios vencidos y el restablecimiento de los poderes del Parlamento.
Pero con el conflicto llegó la muerte. La acción represiva de los cuerpos de seguridad del Estado, la participación de los paramilitares o colectivos armados y los episodios de violencia registrados en medio de las movilizaciones, trajeron consigo una serie de homicidios. Runrun.es comenzó a llevar un registro de las personas que murieron desde el 6 de abril de 2017, cuando se reportó la primera víctima, hasta el 12 de febrero de 2018, cuando falleció en Mérida uno de los jóvenes heridos en estos hechos. En total, fueron 158 caídos.
Este especial muestra toda la información recopilada sobre cada uno de los muertos y la situación de impunidad en la que está cada caso cuando se cumple un año de haberse iniciado el período de protestas. Además, presenta un balance sobre lo que sucedió en las calles en esos cuatro meses; los personajes que protagonizaron las movilizaciones y aquellos que intentaron contenerlas a través de las armas, y la lectura sobre lo que los días por venir que hacen la sociedad civil organizada y los políticos jóvenes que estuvieron más activos en esas jornadas de lacrimógenas, detonaciones, terror y más de un centenar de víctimas fatales.
BALANCE
A un año de las protestas 2017: La frustración después de la furia - por Lisseth Boon
La ola de manifestaciones más prolongada y cruenta en los últimos 6 años no alcanzó su propósito germinal: no frenó la aprobación de la ilegal asamblea nacional constituyente y dejó una estela dramática de desesperanza y muerte. Pero las razones para activar la expresión del descontento se mantienen. El reto sigue estando en la articulación política del malestar social
Entre el primero de abril y 31 de julio de 2017, miles de venezolanos salieron día tras día a protestar por la libertad y la democracia en vilo. Durante cuatro meses, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, trabajadores y estudiantes, políticos y activistas, exigieron en las calles de Venezuela la restitución del orden constitucional, elecciones libres, la liberación de presos políticos, el respeto a la Asamblea Nacional y ayuda humanitaria en medio de la más aguda crisis que trastoca al país en su historia reciente.
Con aquellas manifestaciones multitudinarias, que agitaron a pueblos y ciudades de al menos 14 estados del país, parte de los dirigentes de oposición que lideraban las protestas buscaba la división de la coalición dominante y las fuerzas armadas, el distanciamiento de algunas figuras del régimen de Nicolás Maduro, el debilitamiento del oficialismo y la posterior negociación que diera paso a un cambio de gobierno, tal como había funcionado con otros procesos de transición en el continente. Otros sectores perseguían tajantemente el cambio: salir como sea de Maduro.
Pero la ola de protestas de 2017, considerada como la más prolongada y cruenta por la represión a la que fue sometida en los últimos 6 años, no alcanzó su propósito germinal. No sólo no logró frenar la aprobación de la asamblea nacional constituyente, artilugio impuesto por Maduro con el aparente propósito de reorganizar el Estado y redactar una carta magna que anulase la promulgada en 1999 por el fallecido Hugo Chávez. También dejó una estela dramática: a lo largo de más de 120 días de manifestaciones, fueron asesinadas 158 personas –de las cuales 65 % (103) eran menores de 30 años– y apresaron a más de 3 mil.
Un año después de la ola de protestas, que tuvieron como detonante “el autogolpe de Estado” con la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional por parte del TSJ, expertos y políticos analizan las secuelas de las manifestaciones que cuartearon –aún más– el país.
Cíclica y permanente
Las manifestaciones de 2017 se enmarcan dentro de los ciclos de protesta política, que se producen en períodos acotados, con fecha de inicio y término, a diferencia de la protesta socioeconómica, que en Venezuela tiene carácter crónico y permanente, analiza el politólogo Luis Salamanca, autor del libro “Protestas contra la tiranía: 1935-1973” (UCV, 2011).
2017 fue un año récord en protestas en los últimos 7 años: se produjeron 9.787 manifestaciones, de las cuales 6.700 (68 %) ocurrieron entre el primero de abril hasta el 31 de julio (un día después de las elecciones de la anc), es decir, fueron políticas, calcula Salamanca a partir de las cifras del Observatorio de Conflictividad Social (OVCS).
Desde 2011, los dos grandes ciclos de protesta política han sido 2014 y 2017, muy intensos y duros en cuanto a represión con saldo de muertos y heridos pero poco efectivos en soluciones políticas, observa Salamanca. Si bien ambos episodios se han caracterizados por las movilizaciones multitudinarias, demostrando poder social, no son suficientes para lograr el cambio.
También el naufragio de sendos ciclos de protesta política han sido seguidos por una gran depresión colectiva que incide en los procesos electorales posteriores (el de gobernadores en 2014 y las municipales en 2017), considera el analista. “Esa depresión aún se mantiene en muchos electores, quienes cayeron en un estado de desesperanza y desconfianza hacia el voto como instrumento para lograr cambios. También es normal que la gente se repliegue en su vida privada luego de exponerse y arriesgarse en la calle durante el ciclo de protesta política”.
Presos políticos
“Las protestas dejaron un saldo de dolor” evalúa la diputada Delsa Solorzano, quien sustenta con cifras que 2017 fue “un año catastrófico en materia de derechos humanos”: más de 150 muertos y unos 3000 detenidos. Hasta la fecha, hay 396 presos políticos, según cálculos de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Establecer el número de heridos es más difícil porque el ingreso de muchos en centros asistenciales no fue registrado por razones de seguridad. Es conocido cómo fuerzas de orden allanaban clínicas buscando manifestantes heridos para llevárselos detenidos”, agrega la parlamentaria.
“El responsable de todas esas muertes es el gobierno de Maduro y el aparato represor instaurado. Los venezolanos tienen derecho a protestar; desde hace 20 años (Venezuela) viene luchando por su libertad y no dejará de hacerlo”, agrega la diputada.
Por qué fallaron
A diferencia de otros países donde las protestas multitudinarias generaron “transiciones por colapso” (casos de Argentina, Ecuador, Bolivia), en Venezuela se mezclaron varios factores que determinaron su fracaso, afirma Rafael Uzcátegui, director de la organización de derechos humanos Provea.
La fortaleza de la hegemonía comunicacional del Estado que aisló comunicacionalmente a las protestas del sector de la población que no participaba en ellas y la cohesión de la coalición dominante y de las fuerzas armadas que se mantuvo pese a las presiones fueron dos de las razones por las cuales la ola de protestas de 2017 no alcanzó sus metas, considera Uzcátegui. También, se cuentan la “falta de unidad de la Mesa de la Unidad Democrática frente a las maneras de protestar, escaso protagonismo de los gremios, una relativa incidencia del llamado ‘chavismo disidente’ y una débil solidaridad internacional justo cuando se desarrollaban las manifestaciones”.
Por último, la imposición de una “fraudulenta ANC, que generó un escenario de institucionalidad paralela e instaló un sentimiento de derrota entre los manifestantes marcando el fin del ciclo de protestas de 2017”, según el activista de DDHH.
Costos humanos y movilización en reposo
No hay que dar muchas vueltas: la instalación de la anc que terminó de apagar las protestas de 2017 produjo un enorme sentimiento de derrota general y logró un debilitamiento extraordinario de la unidad política tras adoptar estrategias de movilización distintas que no alcanzaron los objetivos previstos, evalúa Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos (CEP) de la Ucab.
Pero también resalta que la ola de protestas elevó a un primer plano la crisis venezolana ante la comunidad internacional. “Logró una reacción en países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos que no se había tenido hasta ese momento. Las sanciones contra funcionarios venezolanos se deben en buena medida a las manifestaciones y a la brutal represión que aplicó el gobierno de Maduro, dejando un alarmante número de detenidos, heridos y pérdidas humanas”, afirma Alarcón. Agrega que países tan disímiles como EEUU, el grupo de Lima y la Unión Europea comenzaron a pronunciarse con mayor contundencia sobre el tema nacional a raíz de las protestas y a adoptar agendas comunes para promover una salida a la crisis generalizada.
La protesta en sí misma no fue la culpable del fracaso sino la falta de estrategia que orientara la consecución de resultados. La frase “cada quien proteste como quiera” pronunciada aquellos días revelaba que no existía una estrategia común para protestar, opina Alarcón.
Basándose en la tesis de Erica Chenoweth, autora de una investigación sobre 100 años de protestas, el director del CEP destaca que el éxito de las manifestaciones depende de su masificación (de 3,5 % a 5 % de la población como mínimo) y que no sean violentas. “Mientras no se anarquicen, más personas están dispuestas a participar. Las protestas pacíficas y masivas logran mayor presión sobre el sistema que las violentas”, demuestra el estudio
Los analistas no descartan que vuelva a producirse otra ola de protestas en Venezuela. Pero no puede recurrirse a las estrategias ya conocidas.
Salamanca considera que costará sacudir el estado de desesperanza actual. Entre el ciclo del 2014 y el de 2017 pasaron 3 años. Y Maduro ha cerrado sistemáticamente todas las vías democráticas: anuló la protesta y el voto como derecho constitucional de los venezolanos. Pero precisamente por ello podrían activarse la expresión del descontento. Para esto, es imprescindible interconectar la protesta política con la socieconómica, es decir, articular lo político con lo social”. Ese sigue siendo el reto.
IMPUNIDAD
Asesinatos cometidos por militares y colectivos durante las protestas se mantienen impunes - por Lorena Meléndez G. y Paola Martínez
De las 158 víctimas registradas entre abril y julio de 2017, 63 cayeron en manos de la GNB, efectivos del Plan República y civiles armados progobierno. Otras 20 lo hicieron por las balas de los cuerpos policiales
Distrito Capital, Miranda, Táchira, Lara y Carabobo son los estados donde se produjeron la mayor cantidad de muertes en el contexto de las manifestaciones de 2017. Allí se produjeron 67% de los homicidios ocurridos en medio del conflicto
El guardia nacional que el 26 de abril de 2017 disparó una bomba lacrimógena contra el pecho de Juan Pablo Pernalete, en Altamira, Caracas, sigue libre. Tampoco hay cárcel para los 14 uniformados que atacaron e hirieron con múltiples perdigones, en Cabudare, estado Lara, a Gruseny Antonio (Tony) Calderón, pues a pesar de que fueron solicitados por el Ministerio Público, sus superiores jamás informaron sobre su paradero. El policía regional que presuntamente perforó con una metra el abdomen de César Pereira en Lechería, Anzoátegui, todavía no ha ido a juicio porque la audiencia preliminar ha sido diferida varias veces y lo mismo sucede con los paramilitares que atentaron contra Xiomara Scott en Catia, al oeste Caracas. Aún no hay nadie tras las rejas por el caso de Mervins Guitián, aunque todo apunta a que efectivos militares le cegaron la vida cuando atravesaba una barricada en el barrio 5 de Julio de Petare, en el estado Miranda. Un año después del inicio de las protestas antigobierno, la impunidad ha arropado a la mayoría de las muertes que ocurrieron en medio del conflicto y eso lo demuestran las cifras.
Infografia
De los 158 casos de víctimas fatales registrados durante las manifestaciones que hubo en Venezuela entre abril y julio de 2017, al menos 60 están en su etapa inicial de investigación, mientras que 23 –que ya tienen a presuntos victimarios acusados– esperan por la decisión de una audiencia preliminar (que debe realizarse en un máximo de 20 días de despacho o hábiles) que nada en las aguas del retardo procesal por sus múltiples diferimientos.
A través de abogados, organizaciones no gubernamentales (ONG), notas de prensa, allegados y familiares de las víctimas, Runrun.es pudo conocer el estatus de 87 de los 158 procesos judiciales abiertos por los casos de los caídos en la ola de protestas. De estos, 84 (es decir, 96 % de los revisados) no han llegado a la fase de juicio. Se desconoce la etapa que atraviesan los otros 71, aunque la recién creada ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) – encargada de la defensa de los derechos humanos relacionados con la protesta pacífica y los derechos políticos – asegura que todavía no se han hallado culpables en estos. Entre estos desconocidos, hay 22 que corresponden a muertes ocurridas por electrocución, choque contra o por barricadas y caídas accidentales, los cuales suelen ser sobreseídos.
Uno de los pases a juicio logrados es el del homicida de Jairo Ortiz, el primer joven que mataron en los más de 120 días de conflicto. Al estudiante de 19 años de edad lo impactó un balazo en el tórax mientras atravesaba una barricada en Montaña Alta, municipio Carrizal del estado Miranda, el pasado 6 de abril de 2017. Su presunto victimario es el miembro de la Policía Nacional, Rohenluis Leonel Rojas Mara, quien todavía no tiene fecha para ser juzgado por los tribunales.
También irán a juicio José Castillejo Seu y David Chacón Rivas, los dos funcionarios de la Policía del municipio Sucre del estado homónimo, que están acusados de matar a Ricardo Campo, secretario juvenil de Acción Democrática (AD) en la entidad, cuando estaba en la puerta de su casa durante una protesta nocturna el 30 de julio, día de la elección de la asamblea nacional constituyente (anc) convocada por Nicolás Maduro. Los presuntos culpables están detenidos dentro de la sede del cuerpo de seguridad y, de acuerdo con el diputado a la Asamblea Nacional, Robert Alcalá, gozan de beneficios como estar recluidos dentro de una oficina con aire acondicionado y salir en las noches a bordo de una patrulla.
Aunque no pasó por un juicio, sí hubo una decisión de tribunales con respecto a una causa: la de Luis Enrique Vera Sulbarán, el manifestante que fue arrollado el 15 de junio del año pasado en la avenida Guajira de Maracaibo, en Zulia. Darwin Rubio, el hombre que lo atropelló a bordo de un camión cava, recibió una medida cautelar a cambio de su libertad que le prohíbe salir del país durante 19 meses y le obliga a presentarse en tribunales cada 15 días. El beneficio lo logró en diciembre pasado luego de que Patricia Ordóñez, jueza Décima de Control del Circuito Judicial Penal de la entidad, cambiara la acusación fiscal de “homicidio calificado por motivos fútiles e innobles con alevosía” a “homicidio calificado”, lo que le permitió al señalado apegarse a la admisión de los hechos.
Algo similar quiso aplicarse en el caso de Paul Moreno, el estudiante de medicina y miembro de la Cruz Verde –grupo integrado por médicos y jóvenes que cursaban carreras de la salud y auxiliaban a los manifestantes heridos– que también fue embestido por una camioneta Hylux en la avenida Fuerzas Armadas de la capital zuliana. El tribunal 6° de control en Zulia le otorgó casa por cárcel al culpable, Omar Barrios, durante un año y siete meses por considerar que había sido un accidente. Sin embargo, los familiares de la víctima apelaron la decisión y lograron que el caso volviera a la audiencia preliminar.
Para Raquel Sánchez, abogada y miembro del la ONG Foro Penal en Táchira, el balance general de los casos arroja una grave impunidad debido a la negligencia que ha caracterizado a las investigaciones. “Hay muy pocos órganos de prueba ordenados y recabados. En su mayoría ni siquiera han notificado a los familiares directos de las víctimas de cómo va el proceso”, recalcó la experta que labora en el tercer estado, junto a Lara, donde hubo mayor cantidad de muertos en los cuatro meses de manifestaciones. Los dos primeros lugares los ocupan Distrito Capital, con 24 caídos (13 electrocutados) y Miranda, con 24.
De las 20 muertes ocurridas en Táchira, solo tres causas están en la mitad del proceso: la de Paola Ramírez, a quien presuntamente le disparó un vecino que quería ahuyentar a los colectivos que rodeaban el lugar, y las de dos hombres que murieron en manos de policías: Luis José Alviárez, presuntamente asesinado por dos PNB en Palmira, y el mototaxista Diego Hernández Barón, en cuyo caso fue culpado un oficial de la policía regional.
Represores implicados
Otro hecho que ha dejado en evidencia la impunidad intencional del Estado ha sido la falta de respuesta de los organismos militares al momento de aportar información sobre el paradero de los funcionarios responsables por los homicidios ocurridos en medio del conflicto. Durante el período de las manifestaciones, la Guardia Nacional Bolivariana fue la responsable de por lo menos 30 muertes. De estas, solo la de Fabián Urbina –el adolescente de 17 años de edad a quien los uniformados le dispararon con pistolas en el Distribuidor Altamira de la avenida Francisco Fajardo– está a la espera de la audiencia preliminar.
Casi un años después, ni siquiera han avanzado las imputaciones en la investigación sobre Pernalete, que fue revelada por la Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, en una alocución a los medios de comunicación el 24 de mayo de 2017. Allí explicó que lo había matado el golpe de una bomba lacrimógena que le fracturó el tórax. Los padres del estudiante acuden todas las semanas al Ministerio Público y salen sin novedad alguna. “Ellos saben quién fue el guardia que lo asesinó, así como conocen a toda la cadena de mando. El caso está resuelto y el expediente está completo”, declaró en febrero pasado el papá del muchacho, José Pernalete.
En Lara hay tres casos emblemáticos que ilustran la obstrucción de la justicia por parte de la GNB: el de Gruseny Antonio “Tony” Calderón, a quien un grupo de guardias nacionales le disparó un perdigonazo a quemarropa en el tronco cuando intentó proteger a un manifestante; el de Eyker Rojas, a quien otros uniformados del mismo cuerpo le perforaron el rostro con una bala de fusil y el de Manuel Sosa, asesinado por un GNB en la urbanización Valle Hondo, de Cabudare, donde solían armarse altas barricadas. Por estos tres sucesos fueron solicitados 19 militares ante los destacamentos 121 y 123 del Comando de la Zona 12. Sin embargo, desde la institución castrense nunca se informó dónde estaban los efectivos. Fuentes relacionadas con los casos revelaron que habían sido trasladados lejos de Lara.
Andrés Colmenárez, director de la ONG Funpaz, afirmó que el monitoreo hecho por la institución a los casos de Lara comprobó que casi 80 % de las muertes permanecen impunes. En la entidad, donde cayeron 20 personas, solo cuatro casos están en la etapa intermedia del proceso judicial, esto es, a la espera de la audiencia preliminar que determinará si hay juicio: Brayan Principal (adolescente de 14 años supuestamente asesinado por un vecino cuando salió de su casa a comprar la cena), Orlando Medina Aguilar (bedel que fue víctima de colectivos en El Tocuyo), Danny Subero (efectivo de la GNB que fue atacado por un grupo de civiles cuando empezó a tomar fotos en medio del funeral de un caído: Manuel Sosa) y Yanet Angulo (educadora que recibió un disparo en la cabeza por parte de un Polilara al asomarse a su ventana en medio de disturbios).
“Luego de los sucesos, el responsable de que se obtenga la justicia es el Ministerio Público y, en cierta medida, el Defensor del Pueblo”, aseveró Colmenárez, quien indicó que esta última institución quedó como un “cuerpo inoperante” por la mínima capacidad que tuvo en esos días para resolver los problemas y dificultades que le plantearon los familiares de las víctimas. “Su actuación es casi nula porque no tiene incidencia en el aparato de justicia del país”, destacó.
Durante el fin de semana de la elección de la anc, marcado por las protestas que reclamaban la anticonstitucionalidad de los comicios en las inmediaciones de los centros de votación, murieron 20 personas y de estas, 5 lo hicieron por impactos de balas que provinieron de efectivos del Plan República que se habían desplegado en todo el país. Así murieron en Táchira el deportista José Gustavo Leal Villasmil, a las afueras del Liceo Alberto Adriani de San Cristóbal; y el adolescente Adrián Smith Rodríguez, a quien le dispararon desde su propio centro educativo: el grupo escolar Libertad de Capacho Viejo. En Mérida cayeron Angelo Yordano Méndez y Eduardo Olave, a quienes los impactaron de bala cuando supuestamente estaban intentando ingresar a una unidad educativa para robar material electoral. La quinta víctima es Haider Ocando, quien murió en un supuesto enfrentamiento en el municipio Santa Rita, en Zulia, tras robar un fusil y una pistola en una escuela habilitada para las votaciones.
Al contrario de lo que ha sucedido con la GNB y el Plan República, los policías regionales, municipales y los PNB que han sido implicados en las muertes de manifestantes sí están siendo procesados. En total, de acuerdo con el fiscal general designado por la anc, Tareck William Saab, son 28 los funcionarios de estos cuerpos que están acusados y próximos a ser juzgados. En este grupo está incluido Arli Cleiwi Méndez Teran, el policía aéreo que disparó desde la Base Aérea La Carlota contra David Vallenilla, cuando el joven enfermero se acercó al sitio para increpar a los uniformados. De los 20 procedimientos que les fueron endosados a los cuerpos de seguridad civiles, solo en 6 los victimarios permanecen sin identificar: los de Luis Eloy Pacheco (Policarabobo, Carabobo), Miguel Medina (Polizulia, Zulia) y Ramón Antonio Rivas (PNB, Carabobo), quienes no figuraron en la lista oficial de víctimas publicada por la Fiscalía de Ortega Díaz. Tampoco hay señalados en los casos de Javier Alejandro Toro Trejo (Poliaragua, Aragua), ni en el de Sócrates Jesús Salgado (PNB, Vargas), ni en el de Neomar Lander (PNB, Caracas), a quien se presume le dispararon una lacrimógena al pecho, tal como a Pernalete.
El accionar de los paramilitares o colectivos armados también se mantiene impune. Solo 5 casos (18,5 %) de los 27 que se atribuyen a los colectivos tienen a personas señaladas por los asesinatos. Entre esto está el de Carlos Moreno, el joven asesinado en la plaza La Estrella de San Bernardino; el de Renzo Rodríguez, el mototaxista que cayó en Barinitas durante un ataque en el que hirieron a otros dos civiles; el de Orlando Medina, el bedel de El Tocuyo, Lara; el de Eduardo José Márquez, el estudiante que fue baleado durante una manifestación en Pie de Llano, Mérida; y Xiomara Soledad Scott, la mujer que mataron el día de la consulta popular convocada por la oposición el pasado 16 de julio.
Las listas que no coinciden
Aunque ha pasado un año desde que comenzaron las protestas de 2017, todavía el Estado no ha revelado el número definitivo de víctimas fatales que hubo el contexto de las manifestaciones contra Nicolás Maduro. Desde el principio hubo confusiones al hablar de los caídos. Mientras que desde el Ministerio Público se indicaban algunos casos, desde el Ejecutivo se mencionaban otras muertes que poco tenían que ver con el conflicto político. Por eso, ni siquiera los informes de tres instituciones oficiales –el Ministerio de Comunicación e Información, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público– coinciden al momento de señalar quiénes y cuántas son las personas que murieron en medio de las movilizaciones antigobierno. Tampoco la lista de la organización no gubernamental Foro Penal concuerda con alguno de los documentos públicos y lo mismo ocurre con el registro elaborado Runrun.es. Aquí se repasa y compara el contenido de cada uno.
La lista de Runrun.es
El seguimiento hecho por Runrun.es contenía, al principio, todos aquellos casos que habían sido anunciados por el Ministerio Público. Sin embargo, luego de los disturbios del 20 de abril de 2017 en la parroquia El Valle, en Caracas, las cifras cambiaron: la versión oficial no registraba a varios de los caídos, mientras que este medio sí había documentado esos decesos.
Esa disparidad se repitió en varias ocasiones. A lo largo de los cuatro meses de protestas, Runrun.es contabilizó todas las víctimas que cayeron en los sitios que fueron escenarios de protestas o saqueos y que, para el momento, se encontraban tomados o bajo el control de cuerpos de seguridad del Estado. En estos casos, cada muerte fue verificada y levantada en las distintas morgues con testimonios de familiares y allegados a los fallecidos, quienes aseguraron que los suyos cayeron en el marco de hechos relacionados con las manifestaciones.
La lista del Ministerio Público
El informe elaborado por el despacho que, para entonces, era llevado por Luisa Ortega Díaz, indicó que hubo 127 muertes en el contexto de las protestas. Nunca hizo clasificación alguna de los casos, ni siquiera en el último documento que difundió durante los primeros días de la segunda quincena de julio de 2017. Sin embargo, en la mayoría de las descripciones sí se señaló cuál era la causa de la muerte y se informaron algunos datos personales de las víctimas.
La lista del Minci
Se trata de la lista más larga de las cuatro analizadas. En su presentación, el Ministerio de Comunicación e Información indicó que el impulso para que esta cartera elaborara un informe sobre las víctimas de las protestas fue la publicación de una frase en Twitter del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien el 27 de mayo pasado afirmó que durante las manifestaciones habían muerto 59 manifestantes “con balas” que intentaban “sostener la dictadura de Venezuela”. Contabilizó 171 víctimas entre el 6 de abril y el 18 de agosto de 2017, 44 más que la del Ministerio Público y 13 más que la de Runrun.es.
Los casos de este informe fueron divididos en 12 categorías que, por una lado, describen las causas en las cuales murieron estas personas: las víctimas quemadas vivas, las linchadas, las que fueron impactadas con objetos contundentes, las que fueron degolladas, las que cayeron electrocutadas en medio de un saqueo. Otras categorías clasifican a los caídos por el sitio en donde fallecieron, como los del viaducto Campo Elías (Mérida) y los de las barricadas. También hay clasificaciones que describen la acción e incluso la tendencia política de quienes protestaban: mientras hay un grupo que “el Ministerio Público no describe como manifestantes”, hay otros que “no manifestaban según familiar o testigo”, y otros más que hacían “parte activa de manifestaciones contra el gobierno”. Por último, se categoriza si se trataba de personas pertenecientes a organismos de seguridad del Estado, si fueron objetivo de un sicariato, o si murieron durante el fin de semana de la elección de la asamblea nacional constituyente, entre el 28 de julio y el 3 de agosto de 2017.
El documento del Minci está basado datos oficiales del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como en informaciones publicadas en medios de comunicación. La intención, según la institución, fue “contribuir a clarificar la verdad que esconden las cifras y declaraciones lanzadas al voleo en el debate político”.
La lista de la Defensoría del Pueblo
El organismo que entonces era manejado por Tarek William Saab, hoy fiscal general de la República designado por la anc, divulgó un informe en el que se señala a 115 víctimas fatales en el contexto de las manifestaciones antigobierno producidas hasta el 27 de julio de 2017. Es decir, no se incluyó a los caídos en los sucesos ocurridos entre el 28 de julio y el 3 de agosto, cuando tuvieron lugar las movilizaciones para impedir la elección de la anc.
La lista del defensor dividió las muertes entre aquellas que se dieron en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, o en las de civiles, sin discriminar que algunos de estos pertenecían a grupos paramilitares o colectivos. También categorizó a los caídos por aquellos que murieron en barricadas, sin importar si fueron atropellados o si se estrellaron contra estas; por los que fueron víctimas de crímenes de odio, como a quienes les arrojaron objetos contundentes o fueron supuestamente quemados por su tendencia política, entre los que se mencionó a Almelina Carrillo, Pedro Carrillo, Danny Subero, Orlando Figuera y Héctor Anuel Blanco; por los que recibieron disparos desde edificios, entre los cuales se nombró a Paola Ramírez, Jesús Sulbarán y Luis Alberto Márquez; por los fallecidos por armas caseras no convencionales, listado en el que se introdujo a quienes recibieron disparos de esferas metálicas presuntamente detonadas por uniformados; y finalmente a quienes perecieron en actos vandálicos (saqueos), sin que se señalara la causa del deceso.
La lista de Foro Penal
La ONG Foro Penal Venezolano documentó los casos de muertes que estuvieron relacionados directa e indirectamente con las manifestaciones. De acuerdo a la organización, 135 personas murieron en el periodo entre abril y agosto. La cifra está divida en dos categorías. Por una parte, tienen un estimado de 102 personas asesinadas como producto directo de actos represivos. Por otra, 33 personas murieron por hechos indirectamente relacionados con las protestas.
VÍCTIMAS
Las víctimas - por Lorena Meléndez G. y Paola Martínez
Conoce el caso de cada víctima al hacer clic en su nombre o su fotografía: (En el siguiente enlace)
PERSONAJES
Los personajes y sus palabras por Francisco Zambrano
Los manifestantes
Contra Maduro. Para restituir la Constitución. Por elecciones libres. Por la liberación de los presos políticos y apertura de un canal humanitario. Por un cambio. Por un futuro. Desde el primero de abril hasta finales de julio de 2017, miles de manifestantes salieron cada día a protestar no sólo en Caracas sino en 14 estados del país en contra del gobierno venezolano. Durante 4 meses turbulentos, todos juntos le dieron un cuerpo multitudinario a la rabia, la indignación y la injusticia que tomó las calles de Venezuela, trastocó la vida nacional y elevó el grado de alerta en el exterior sobre las amenazas a la democracia y a los derechos humanos en Venezuela.
Los llamados ‘escuderos’ o ‘la resistencia’ –jóvenes con caras cubiertas con franelas, escudos hechos con material de reciclaje así como guantes para atajar y devolver las humeantes bombas lacrimógenas que lanzaban los cuerpos antimotines- fueron probablemente los manifestantes más emblemáticos y consetudinarios de las protestas 2017. Pero no fueron los únicos. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos dieron rostro y voz a las manifestaciones convocadas por la oposición de día y de noche a las que se antojaron bautizar como la Primavera Venezolana.
Video en 360º de las protestas de 2017. (Utiliza los controles o mueve tu teléfono inteligente para ver el resto de la imagen.)
La violencia empañó buena parte de las protestas en la Venezuela de 2017. En una abierta violación al derecho a la protesta consagrado en el artículo 68 de la Constitución de Venezuela, los manifestantes antigobierno debieron soportar literales bombardeos lacrimógenos, cierres de vías, golpes, choques de agua propulsada, perdigonazos e incluso balas por parte de los cuerpos de seguridad como la GNB, Ejército, PNB, Cicpc, Dgcim y los paramilitares conocidos como colectivos.
Pero también las protestas de 2017, consolidaron otro tipo de manifestante, aquel que apela a métodos pacíficos no sólo para lograr el cambio de gobierno sino para fortalecer la cultura democrática en Venezuela. Mientras la calle era aturdida por detonaciones, varias organizaciones se agrupaban en el Laboratorio Ciudadano de Noviolencia Activa, apostando por la transformación de la sociedad impulsada por una ciudadanía activa y pacífica. Las manifestaciones naufragaron en agosto de 2017, pero los activistas del movimiento de protesta no violenta continúan trabajando. La estrategia es a largo plazo para alcanzar un proyecto colectivo.
Luisa Ortega Díaz
Luego de casi 10 años al frente del Ministerio Público, la Fiscal General de la República –que hoy está en el exilio– tomó una posición que marcó definitivamente su alejamiento del gobierno de Nicolás Maduro. El 31 de marzo de 2017 anunció de forma sorpresiva que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, que prácticamente abolían las competencias de la Asamblea Nacional, habían significado “una ruptura del orden constitucional”.
A lo largo de las protestas, los pronunciamientos antigubernamentales de la funcionaria, que en agosto de 2017 fue removida por la asamblea nacional constituyente, continuaron. Después de más 50 días de manifestaciones, convocó a los medios de comunicación a la Escuela Nacional de Fiscales en La Florida, en Caracas, en vista de un apagón que se produjo en la sede de su oficina en Parque Carabobo. Allí, con un cartucho en la mano, aseguró que Juan Pernalete, una de las 158 víctimas de las protestas (según la cuenta de Runrun.es) pereció por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana. “Murió por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax”, aseveró.
Luisa Ortega afirma que a Juan Pernalete lo asesinó una bomba lacrimógena
Las declaraciones de Ortega Díaz echaron por tierra la teoría del entonces ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, y del titular de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quienes afirmaron que Pernalete había sido asesinado con una pistola de perno.
Posteriormente, Ortega Díaz se dedicó a conceder entrevistas en espacios donde no solía acudir y en el programa radial “La Cola Feliz”, conducido por Nelson Bocaranda, dijo que tras 80 días de protesta el Ministerio Público contabilizaba 74 muertos, 1.413 heridos y 3.971 procesados.
Al final de las manifestaciones, el Ministerio Público de LOD totalizó más de 130 muertos. De estos, tomó 79 casos que llevó a la Corte Penal Internacional de La Haya. “Fue una violación sistemática a los derechos humanos, una política dirigida desde el gobierno para asesinar y encarcelar a toda la dirigencia política”, declaró en una entrevista exclusiva ofrecida a Runrunes en Bogotá. Desde que se fue del país, ha hecho una especie de lobby con las protestas antigubernamentales de 2017 como bandera con la finalidad de que los responsables de la represión rindan cuentas ante la justicia.
Vladimir Padrino López
El ministro de la Defensa nunca asumió la responsabilidad de la Fuerza Armada y menos de la Guardia Nacional en los asesinatos de algunos manifestantes en las protestas que se produjeron desde abril hasta principios de agosto.
“No ha habido ni un solo muerto, ni un herido que haya sido producido por la FANB”, declaró el general en el programa dominical, José Vicente Hoy, respondiendo a una pregunta sobre la responsabilidad de los militares en cuanto a los fallecidos durante las protestas. Padrino López asomó que había grupos infiltrados empleando armas de fuego y de fabricación casera, cuyo objetivo era endosarle las víctimas a los cuerpos de seguridad del Estado. “La FANB no usa armas letales en las manifestaciones, todos esos muertos son producto de la violencia que han generado ellos mismos”, aseveró a pesar de que el balance final de las protestas arrojara que más de 20 víctimas cayeron por las acciones de los uniformados y que la resolución 8.160 del 23 de enero de 2015 aprobara el empleo de armas de fuego para reprimir manifestaciones, facultad ratificada un año después por el Tribunal Supremo de Justicia.
Padrino López sentenció que, lejos de atentar contra la gente, la GNB había salvaguardado a quienes salieron a diario a repudiar el gobierno de Nicolás Maduro.
Luego que David Vallenilla fuese asesinado supuestamente por el sargento Arli Cleiwi Mendez Teran en las inmediaciones de la Base Aérea La Carlota, una tanqueta arrollara a un manifestante, circulase una foto de un GNB apuntando un arma hacia un grupo en el Distribuidor Altamira y periodistas denunciaran el robo de equipos por parte de uniformados, Padrino López advirtió desde Fuerte Tiuna que no toleraría más excesos de sus subordinados. “No quiero ver a un Guardia Nacional más cometiendo atrocidades en la calle”, afirmó el 6 de junio de 2017.
A un año de las protestas, Padrino López es uno de los pocos militares que aún ostenta su cargo, no ha sido removido, ni mudado de despacho.
Colectivos
Según cifras del Ministerio Público, la acción de colectivos armados estuvo vinculada a casi la mitad de las muertes que se produjeron en las protestas antigubernamentales hasta finales del mes de julio de 2017. “25% de las muertes son producto de cuerpos de seguridad del Estado y 40% fueron ejecutadas por civiles armados amparados por el gobierno”, dijo la fiscal general de la república en el exilio, Luisa Ortega Díaz.
Los paramilitares relacionados con el chavismo, también estuvieron relacionados con los ataques a residencias y saqueos. A finales de mayo del año pasado, un grupo de estudiantes del colegio La Presentación en Propatria fue sitiado y atracado por miembros de colectivos mientras efectuaban una protesta.
La diputada opositora de la Asamblea Nacional, Marialbert Barrios, señaló que los miembros de los colectivos le “ordenaron” a los adolescentes ir a manifestar a Altamira, porque Propatria era una zona controlada por ellos. En una entrevista hecha en Radio Caracol a un ex miembro de un colectivo ahora residenciado en Cúcuta, este confesó que había recibido dinero del entonces gobernador del estado Aragua, Marco Torres, para causar caos en medio de las protestas. “A nosotros nos pagaban por cargar armamento y granadas… Muchos de mis compañeros asesinaron a varias personas”, señaló.
Militares y policías represores
La represión en las protestas fue de menor a mayor en el área metropolitana y el interior del país.
La orden de los superiores a los subalternos de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana en Caracas era la de no dejar avanzar a la gente al centro de la ciudad, donde se encuentran la mayoría de las instituciones públicas, epicentro de trágicos acontecimientos en las manifestaciones de 2014.
Tanto la GN como la PNB emplearon bombas lacrimógenas, rifles con perdigones y hasta armas de fuego letales para dispersar a los manifestantes. Hubo acusaciones de que los uniformados disparaban al cuerpo de los simpatizantes de la oposición.
Según la base de datos de Runrunes, al menos 20 funcionarios fueron acusados por un tribunal, 14 imputados, 20 solicitados, uno capturado y hasta hubo uno promovido de teniente a capitán de la GNB. Del resto de las 84 víctimas, donde hubo aparente exceso de fuerza y violación de derechos humanos, no se conoce estatus jurídico alguno del uniformado involucrado.
La directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, sostuvo que los efectivos de la PNB y la GNB que reprimieron obedecen a un perfil menor de 30 años de edad, la mayoría viene de la provincia y ostentan cargos de subalternos. “Son muchachos a quienes ni siquiera le dan un protocolo de actuación en manifestaciones”.
“Hemos visto un comportamiento criminal en algunos estados del país por parte de la GNB. En Táchira, Carabobo, Barinas y Miranda el ensañamiento ha sido criminal”, alertó San Miguel.
“Obviamente hay una responsabilidad de mando y que se ve implicada directamente. La más importante es la cúspide de la Guardia Nacional Bolivariana. Aquí entra el comandante general de la GNB, el Estado mayor ampliado de la GNB y sus comandante de zonas”, agregó la directora de Control Ciudadano.
Uno de los principales señalados como responsable de la represión en las protestas fue Alfredo Pérez Ampueda, designado director de la Policía Nacional Bolivariana por Nicolás Maduro un par de días antes del 1ero de abril, en reemplazo de Franklin García Duque.
Pérez Ampueda tildó a colectivos armados de “vagos y sinvergüenzas” durante una concentración en La Candelaria. “Son unos vagabundos y donde los veamos, los vamos a capturar”. Reconoció que los miembros de colectivos portaban armas y sus subordinados no. Ese día, la PNB detuvo al dirigente de Voluntad Popular, Sergio Contreras, pero no aprehendió a miembro alguno de cuerpo irregular.
Otro fue Antonio Benavides Torres, quien fue sustituido en la comandancia general de la Guardia Nacional por Sergio Rivero Marcano, tras dos meses de manifestaciones.
Benavides Torres, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tuvo participación en la represión de las protestas en 2014 y fue vinculado a la masacre de Tumeremo, acaecida en marzo de 2016.
Por su parte, Rivero Marcano, a quien se le endosa la responsabilidad de un episodio sangriento en el barrio Kennedy de Caracas con saldo de tres estudiantes ajusticiados y tres heridos en 2005, acusó a los periodistas de ser cómplices de una explosión en el Distribuidor Altamira que hirió a nueve efectivos de la Guardia Nacional el 10 de julio del año pasado, porque “ellos sabían que el artefacto explosivo estaba ahí”.
Rivero Marcano fue removido del cargo dos días después de la masacre de El Junquito, donde fue asesinado Óscar Pérez y seis de sus aliados y ahora es Inspector General de la FANB, mientras que Benavides Torres fue Jefe del Distrito Capital luego de su salida de la GNB hasta enero de 2018, cuando fue sustituido por Carolina Cestari.
Diputados
En la Asamblea Nacional se encendió la chispa que se propagó por toda Venezuela y devino en cientos de protestas que se extendieron hasta finales de julio del año pasado. Fue a raíz de las sentencias 155-156 del Tribunal Supremo de Justicia, que prácticamente anulaban el desempeño parlamentario, que el presidente del hemiciclo, Julio Borges, hizo una de las declaraciones más emblemáticas del llamado a la desobediencia civil. “Vamos a decir claramente qué significan para nosotros estas sentencias… Esto es simplemente basura. Basura de quienes han secuestrado la Constitución, los derechos, las libertad del pueblo venezolano”, dijo mientras rompía los documentos que contenían las decisiones de la máxima corte venezolana.
Borges convocó a los venezolanos a salir a manifestar a las calles. “Sabemos que hay miedo, que hay represión, pero tenemos que ponernos de pie (…) Esto es una dictadura y el mundo tiene que ayudarnos a prender las alarmas”, advirtió el también dirigente de Primero Justicia en otra alocución.
Las protestas fueron lideradas por los diputados jóvenes que cuando se llevó a cabo el cierre de Radio Caracas Televisión en 2007, pertenecían al movimiento estudiantil que devino en la primera derrota de Hugo Chávez, cuando quiso reformar la Constitución Nacional en diciembre de ese año.
Los parlamentarios convocaron a la primera manifestación de calle de 2017, el 1ero de abril. Una congregación en la Plaza Brión de Chacaito concluyó en un llamado a movilización espontánea hacia la Defensoría del Pueblo, acción que concluyó con una fuerte represión en la autopista Francisco Fajardo, la Plaza Venezuela, las avenidas Solano y Casanova y el boulevard de Sabana Grande.
Otra manifestación fue la que los diputados hicieron frente a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del TSJ en Chacao, a donde llevaron una bolsas negras contentivas de paja. “Son eso, pura paja, unos golpistas”, dijo el parlamentario José Manuel Olivares.
Según un reportaje de Crónica Uno, en 2017, los legisladores fueron blanco de 96 agresiones en las protestas y fuera de ellas. El 3 de abril, supuestos colectivos golpearon en la cabeza a Juan Requesens en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo. El resultado: once puntos para suturar un traumatismo abierto sobre la ceja izquierda. Dos meses más tarde, el mismo Requesens fue agredido y lanzado a una alcantarilla junto a su colega Miguel Pizarro por efectivos de la Guardia Nacional frente a la Base Aérea La Carlota. Otro parlamentario blanco de múltiples ataques fue Carlos Paparoni, quien el 26 de mayo fue herido con un disparo de metra en una pierna y tres días después tumbado por el chorro de agua una ballena de la GNB en plena autopista Francisco Fajardo de Caracas. El diputado perdió el conocimiento y sufrió dislocación en un hombro y herida abierta en la cabeza. También Delsa Solórzano, Julio Montoya, Olivares y el hoy en día refugiado en la embajada de Chile en Caracas, Freddy Guevara, fueron impactados por bombas lacrimógenas. Richard Blanco fue hospitalizado por inhalación de gases lacrimógenos, mientras que Yanet Fermín y Luis Lippa fueron retenidos por miembros de la GN.
El 27 de junio, Día del Periodista, los diputados Solórzano, Olivia Lozano y Winston Flores fueron sacados a la fuerza del comando de la GN en el Asamblea luego de exigir una explicación por el ingreso de material electoral al hemiciclo, luego de una acalorada discusión con Borges, el coronel Vladimir Lugo expulsó a empujones de su oficina al entonces presidente de la AN.
Apenas siete días después, el 5 de julio, grupos simpatizantes del gobierno irrumpieron en el Palacio Legislativo ante la mirada inerte de la GN y secuestraron a 94 diputados, 108 periodistas y 120 trabajadores por ocho horas en el marco del acto del Día de la Independencia.
Los parlamentarios Américo De Grazia, Armando Armas, Juan Guaidó, Nora Bracho y José Regnault resultaron heridos en la irrupción con palos, piedras y cohetones. Oswaldo Rivero, conductor del programa de VTV, Zurda Konducta, se atribuyó la responsabilidad del hecho, hasta ahora no ha sido detenido ni procesado.
A todas estas agresiones hay que sumarle la anulación y retención de pasaportes a los parlamentarios Luis Florido, Henry Ramos Allup, Carlos Berrizbeitia, Williams Dávila, De Grazia y Jorge Millán.
Nicolás Maduro
En sus alocuciones durante las protestas, Maduro no hizo mención especial a los civiles asesinados, solo hizo hincapié en los uniformados caídos y heridos y, cuando tímidamente se refería a las víctimas simpatizantes de la oposición, de inmediato culpaba a la MUD y lavaba la cara de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana. Echó mano de varias estrategias para enfriar las manifestaciones en su contra: anunció la elección de una asamblea nacional constituyente, aprobó un aumento del 50% del salario mínimo, estrechó lazos con sus aliados internacionales, insistió en la instauración de una mesa de diálogo entre gobierno y oposición, concedió casa por cárcel para Leopoldo López y ascendió a militares acusados de violar los derechos humanos. “Mano dura y el que haga armas contra la República, que la FANB se encargue de él con todo su poder de fuego… No bajemos la guardia frente a los grupos violentos y terroristas”, declaró en medio del conflicto.
“Llegó la Constituyente para poner orden”, dijo Maduro la noche del domingo 30 de julio, fecha en la que finalizaron los llamados a protestas de calle con el lamentable saldo de más de una decena de fallecidos.
Pese a que en 2016 sorteo un referendo revocatorio y el año pasado pudo resistir a las protestas de calle, el mandatario buscará en este 2018 reelegirse en unas elecciones pautadas para mayo.
Néstor Reverol
Si bien el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, reconoció el uso desproporcionado de la fuerza durante las protestas, siempre se refirió a hechos aislados y a responsabilidades individuales, mientras descartaba una política represiva de Estado. Al asesinato de Fabián Urbina, ocurrido el 19 de junio de 2017 en el Distribuidor Altamira, lo calificó como un hecho irregular. “Efectivos que dispersaban manifestación violenta han sido puestos a la orden de su unidad para determinar la responsabilidad individual”, escribió entonces en su cuenta de Twitter.
Previamente había acusado al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de fomentar la violencia en las calles y aseguró que la MUD contrataba francotiradores para achacar los muertos al gobierno de Maduro. “Están asesinando al pueblo con su plan terrorista”, sentenció.
El ministro, quien sigue al frente del despacho de Carmelitas, también aprobó la intervención de la Policía de Miranda en medio de las manifestaciones al alegar la “presunta violación de derechos humanos y actividades delictivas”. Además, anunció la prohibición de protestas y concentraciones durante el fin de semana de elección de la asamblea nacional constituyente. “Hemos acreditado a un personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tendrá el control operacional de los cuerpos estadales de Policía y 19 cuerpos municipales de policía”, dijo días antes de los comicios. El resultado de la represión durante la votación constituyente ante la negativa de los simpatizantes de oposición de acatar las restricciones del ministro fue de casi dos decenas de muertos en tres días. Solo el día de la elección hubo 19 heridos y casi una centena de detenidos a nivel nacional.
Luis Almagro
El secretario general de la Organización de Estados Americanos condenó la mayoría de las muertes ocurridas durante las protestas en 2017. “El continente pide que el país retorne a la democracia, la represión de los venezolanos ha sido violenta y de una indigna cobardía. No hay peor violencia que la que surge de las instituciones que deberían proteger los derechos de la gente y no encarcelarlos ni agredirlos. Todo esto se pudo haber resuelto con el referendo revocatorio”, dijo el uruguayo.
A poco menos de un mes de iniciadas las protestas y ante la posibilidad de invocar la Carta Democrática, el gobierno venezolano anunció su retiro de la organización. “La salida del sistema no es la solución, especialmente cuando las demandas tienen que ver con principios básicos de fundamento democrático”, afirmó entonces.
Poco después, durante una entrevista concedida a CNN, Almagro denunció el asesinato sistemático de manifestantes. “Hay elementos de tortura con los detenidos que se repiten como golpizas, violación sexual, intoxicación y descargas eléctricas”. En su tercer informe sobre Venezuela y el único que redactó durante las protestas, el máximo representante de la OEA fustigó a Nicolás Maduro y dijo que era el principal responsable de los homicidios durante las manifestaciones. “Los únicos métodos que le permiten mantenerse en el poder son la violación sistemática a la Constitución y la represión”, apuntó.
Fue un documento de 60 páginas dirigido al entonces presidente del Consejo Permanente de la OEA, José Luiz Machado. El informe incluye un listado de 92 personas asesinadas (hasta el 10 de julio de 2017). “De esa lista, 67 personas fueron muertas con armas de fuego. De las 92, 30 tenían 21 años o menos; 24 eran estudiantes y 14 menores de edad”, enfatizó.
Líderes de oposición
No solo diputados de la Asamblea Nacional se involucraron en las protestas de abril a julio de 2017. También figuras de la oposición como el ex gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, Lilian Tintori y los ahora exiliados alcaldes de Chacao, Ramón Muchacho; El Hatillo, David Smolansky; Lechería, Gustavo Marcano; Maturín, Warner Jiménez y Campo Elías, Ramón Lares. Las autoridades municipales salieron de Venezuela de manera clandestina luego que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera amparos cautelares sobre cada uno de los municipios para obligarlos a impedir los cierres de calles, de no hacerlo enfrentarían una pena de 15 meses de prisión.
Capriles Radonski fue uno de los principales convocantes a las concentraciones. “Estamos en la calle porque el gobierno dio un autogolpe, ellos pretenden que nada cambie en Venezuela, que todo siga igual y siga su fiesta”, dijo el ex candidato presidencial. “Que tengamos a una comunidad internacional diciendo que hay una ruptura del orden constitucional, magistrados del tribunal, gente del chavismo diciendo que están en desacuerdo, es un logro de la gente en la calle”, continuó.
Capriles fue agredido en varias ocasiones durante las protestas: un guardia nacional lo golpeó en el rostro, algunas veces le dispararon perdigones, mientras que otras padeció de asfixia y su equipo de trabajo fue robado.
Machado fue también otra de las atacadas. “La opción es la lucha, la lucha continua, la lucha creciente”, advirtió Machado a mediados de junio mientras se recuperaba de una intoxicación con gases lacrimógenos en El Paraíso.
Machado protagonizó una emblemática movilización el pasado 25 de mayo en el Litoral central. La ex coordinadora de Súmate sorteó una serie de piquetes de la GN y la policía municipal de Vargas para marchar de la parroquia Urimare hasta Catia La Mar, un área donde el chavismo era considerado inexpugnable. “Hoy en Vargas hemos avanzado, hemos logrado traspasar obstáculos, hay días en que no podemos llegar a la meta y otros en los que ni siquiera podemos caminar”.
Tintori, esposa del convicto dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, igualmente participó activamente en las movilizaciones. “La cifra de fallecidos y heridos es algo que nos motiva a seguir de pie, tenemos que honrarlos cada dia, en Venezuela hubo un golpe de Estado, exigimos respeto a la Asamblea Nacional, la apertura de un canal humanitario y la liberación de los presos políticos”.
Hoy día, Capriles Radonski está inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por 15 años; Machado, sobre quien pesa la misma inhabilitación, llama a desconocer cualquier resultado electoral, a volver a la calle y a continuar la presión contra el gobierno de Maduro; y Tintori, quien ha salido del primer plano de la pugna política, ha hecho apariciones esporádicas junto a los familiares de las víctimas de la represión.
EL FUTURO
De los errores de 2017 al futuro de la calle - por Laura Helena Castillo
“Yo no estaba preparado para ver a alguien morir. Yo soy otro después de ese proceso, tengo un sentido más profundo de la responsabilidad de mi palabra. La mamá de uno de los muchachos que murió en las protestas me dijo en el cementerio: ‘¿Usted es Pizarro? Mi hijo siempre tenía sus discurso en el teléfono’. No pude ni responderle. Le agradezco mucho a esa madre que me agarró la mano y me dijo: “No llore, usted hace lo correcto”, recuerda el diputado de Primero Justicia, Miguel Pizarro.
De cuatro meses de protestas diarias pocos quedaron intactos. La intensidad de la calle durante abril y julio de 2017 y la deformidad de la represión del Estado cambiaron vidas que, a pesar de la contundencia de sus acciones, no lograron cambiar el gobierno ni hacer respetar las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional. ¿Qué faltó para conseguir los objetivos? ¿Se llevó la ola a la dirigencia opositora que estuvo al frente? ¿Cuáles aciertos no fueron suficientes?
“Durante el tiempo de calle hizo falta un ejercicio permanente de pedagogía. Construir disciplina no violenta, poder garantizar el objeto de la calle de debilitar los pilares que sostienen al régimen, poder producir puntos de contradicción a lo interno de las filas que lo apoyan, generar una opinión internacional de desnudar al régimen en su capa más autoritaria, fueron objetivos que con el tiempo se fueron desdibujando en la medida en que se dejó en manos de la espontaneidad el esfuerzo político y no se marcaron todas las rayas de la cancha”, explica Pizarro.
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| Protesta pacífica organizada por Dale Letra |
Juan Andrés Mejías, diputado de Voluntad Popular y de la misma generación de estudiantes que Pizarro, también hace revisión de daños tácticos: “Cometimos el error de poner una temporalidad a las cosas, de decir que la elección de la asamblea nacional constituyente, el 30 de julio, no iba a ocurrir y terminó ocurriendo. Eso generó gran frustración. También hubo problemas de comunicación, muchas veces la agenda estuvo concebida desde Caracas y no se adaptaba a las realidades de los estados”. Y, finalmente, el error más irreversible: “Otro desacierto fue no encontrar la forma de minimizar las víctimas”.
En mayo de 2017, cuando ya las manifestaciones de calle llevaban un mes y las imágenes de la violencia de los funcionarios del Estado eran un asfixiante desayuno, nació un grupo de reflexión ciudadana para debatir sobre el valor de la protesta no violenta. La iniciativa trascendió, sumó participantes y ahora se llama Laboratorio Ciudadano de No Violencia Activa.
Uno de sus fundadores es Ángel Zambrano, quien cree que hubo claras fallas de método. “El desacierto principal fue la falta de innovación táctica. Se repitieron y se repitieron las manifestaciones masivas y los trancazos. La consecuencia más grave que esto tuvo fue que para el gobierno fue muy fácil responder e incitar a la violencia”.
Pero, es posible que el desatino más duradero y que condicionó la comprensión del proceso de protestas haya sido la omisión de fondo de no incorporar a la sociedad civil –ni esta lograra incorporarse– en la toma de decisiones del liderazgo durante las manifestaciones.
“No hubo, en mi opinión, un liderazgo estratégico lúcido. Esto lleva a otro error: la sociedad civil dejó todo en manos de la MUD. No hubo incidencia desde la sociedad civil en la estrategia”, dice Zambrano. Es lo que Mejías relaciona con la incapacidad de haberse conectado con otras peticiones sociales: “Fallamos en no haber sido capaces de sumar a otros sectores que estaban protestando por otros factores, como los servicios básicos”.
Zambrano agrega que las teorías de la no violencia distinguen que los movimientos sociales deben operar en tres niveles: el táctico, el estratégico y la visión compartida de futuro. “Me parece que el ciclo de protestas del año pasado no trascendió el nivel táctico. No operamos a nivel estratégico ni mucho menos se construyó una visión de futuro compartida”.
Pizarro sí cree que, durante algún momento del proceso, los venezolanos lograron soñar –antes de despertar en la realidad del desconcierto– con el país posible: “Hay un acierto que no valoramos y que es que logramos hacer que, durante un buen tiempo, la gente soñara y pensara con el país posible, el del cambio. La desesperanza y el miedo, esas dos fuerzas paralizantes, fueron derrotadas”.
Los aciertos y la ola
“Poderosas”, así definiría Zambrano en una sola palabra las protestas de 2017. “Todo era muy real. Se sentía y lo era. Era un vértigo, una compañía y un amparo muy fuerte. Y un sentido colectivo muy bello”, añade. “Heroicas”, las considera Mejías. “Policlasistas y multifactoriales”, las llama Pizarro. Hubo y hay aciertos para construir a partir de ellos, dicen.
La masiva pluralidad de los participantes, el carácter no violento de las manifestaciones y el interés despertado por la comunidad internacional ante las violaciones de Derechos Humanos del gobierno de Nicolás Maduro, son logros en los que concuerdan. “Las protestas tuvieron una extensión temporal que no tiene precedentes en Venezuela y no tiene precedentes en América Latina. Fue una tenacidad pacífica en su grandísima mayoría. Pero esto, ante los desaciertos, lució un poco pequeño”, dice Zambrano.
Pizarro suma un acierto acerca del ajedrez opositor: “Se inició un proceso de decantación del liderazgo político. Fue un proceso para liderar con el ejemplo. Obligó a tener que estar en cuerpo presente y eso permitió que haya unos liderazgos rebarajeados”. Para Mejías, el hecho de que la dirigencia de la oposición estuviera al frente de las protestas fue un punto a favor.
A esa dirigencia, en algún momento, la calle y sus dinámicas parecieron haberla rebasado: las actividades del día siguiente no siempre estaban claras ni se comunicaban de manera efectiva, comenzaron a verse contradicciones y el gobierno, aprovechando las rendijas, se encargó de resembrar el pánico con balas.
“Cuando vas a una protesta, pasas 8 horas y el balance es que hay un muchacho muerto y 40 heridos, emocionalmente uno termina revolcado por la ola. En las protestas conocí en una parte de la oposición una faceta que confieso que me asustó: algunos entendían la vida de otros como una transacción”, dice Pizarro, uno de los líderes más expuesto en las calles de esos meses.
“Algunos dirigentes se sintieron revolcados por la ola de las protestas, no supieron encauzarla y manejar las expectativas. A la vez, siento –no me consta– que había un sector de la dirigencia que estaba jugando a eso, a que la ola nos revolcara a todos. Que fuese como caos y una violencia desatada que depusiera a la dictadura y creo que el gobierno fue muy hábil en saber jugar esa carta para sembrar desesperanza y desmovilización”, dice Zambrano. Mejías cree que el esfuerzo de la dirigencia fue amplio: “Se hizo todo lo que se pudo en el marco de la Constitución para tratar de hacerla respetar: plebiscito, plantones, marchas”.
¿De nuevo a la calle?
El diputado Juan Andrés Mejías no lo recuerda. “Pasaron muchas cosas es día”, dice. Casi un año después de que la Policía Nacional Bolivariana lo rociara con gas pimienta, Mejías no lo recuerda. Fue en la primera de todas las marchas convocada por los diputados: el 1° de abril de 2017. Lo que comenzó como una concentración en la plaza Brión se convirtió en un recorrido hasta la Defensoría del Pueblo, que jamás llegó hasta la sede de la institución en el municipio Libertador. Ninguna marcha llegaría.
PNB roció gas pimienta a diputados Gaby Arellano y Juan Andrés Mejia en la avenida Francisco Solano
1 de abril de 2017
Pasaron muchas cosas ese día y los 120 días siguientes. Unas se mezclan con otras y los muertos, heridos y encarcelados son las cicatrices más visibles de las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos que han sido documentadas y presentadas en organismos internacionales.
A partir de esa memoria del horror, volver a las calles es una invitación a evaluar. “El rol de uno implica exponerse. Sin duda alguna me aterroriza pensar en la persecución, en la detención o la muerte por razones políticas, pero más miedo me da calarme esto toda la vida y en 40 años tener que decirles a mi hijo o a mi nieto que les tocará vivir el 9no Plan de la Patria porque por miedo me terminé quedando quieto”, dice Pizarro.
“La protesta sigue siendo legítima y necesaria. Pensar que porque no se logró el objetivo final, que era el rescate de la democracia, no se vuelve a protestar es un error y es hacerle el juego al gobierno”, asegura Mejías. A pesar de la voluntad colectiva, hay tuercas por ajustar: “La protesta es una herramienta a la que no se debe renunciar, pero no todo es protesta. La presión externa sin presión interna solo nos lleva a convertirnos en Cuba. Toca recuperar la protesta útil, pertinente, de absoluta disciplina no violenta que no dé ningún margen para la represión ni para el asesinato. La promesa de cambio no puede ser un ejercicio para buscar retuits”, señala Pizarro.
"Funcionarios de la PNB me rociaron gas pimienta en la cara en 3 ocasiones, en tres piquetes distintos, su violencia no nos detiene.Seguimos!"
— Miguel Pizarro (@Miguel_Pizarro) April 1, 2017
“No creo que la sociedad civil esté dispuesta a salir a la calle de la misma forma porque la estrategia siempre fue opaca. Se manejó ‘todo o nada’. Creo que la sociedad civil está dispuesta a movilizarse porque todas las condiciones están ahí, pero tendrían que pasar muchas cosas para que se vuelva manifestar”, dice Zambrano.
— Miguel Pizarro (@Miguel_Pizarro) April 1, 2017
“No creo que la sociedad civil esté dispuesta a salir a la calle de la misma forma porque la estrategia siempre fue opaca. Se manejó ‘todo o nada’. Creo que la sociedad civil está dispuesta a movilizarse porque todas las condiciones están ahí, pero tendrían que pasar muchas cosas para que se vuelva manifestar”, dice Zambrano.
Para él, de estar rotos o desconectados, algunos sectores de la sociedad se han reencontrado a partir de los meses de manifestaciones: “Uno de los principios que más mencionaba Martin Luther King es que el fin de la no violencia no es derrotar a nadie ni deponer una dictadura, sino hacer comunidad. Creo que eso ha ocurrido en la sociedad venezolana a raíz del ciclo de protestas del año pasado. Se ha creado tejido social que antes de 2017 no existía y el que estaba roto se ha reparado. Ha ocurrido también en la diáspora, me parece. Y eso es importante”.
Y ofrece una opción con futuro: “Creo que sí se puede enseñar a protestar pero no impartiendo lecciones. La protesta debe invitar a formar parte de algo y no únicamente a oponerse a algo”.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN | RUNRUN.ES
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