El pasado 4 de septiembre de 2018 fue publicada la Resolución Nro. 115, del ministerio de Petróleo, mediante la cual se crea “la Comisión Técnica para la Reorganización de Petróleos de Venezuela, S.A., y sus Empresas Filiales”. La resolución se basa en el Decreto Nro. 44 el cual estableció los lineamientos para reorganizar a PDVSA.
¿Qué esperar de esta nueva medida?
La reorganización de PDVSA
En el citado decreto se ordenó la creación de la “Comisión Técnica para la Reorganización de Petróleos de Venezuela, S. A. y sus empresas filiales”, cuyo propósito es “revisar, analizar y asesorar técnicamente en la definición de la estructura organizativa que deberá ser implementada en Petróleos de Venezuela, S. A. y sus empresas filiales”.
Precisamente, la Resolución Nro. 115 regula el funcionamiento de tal comisión, la cual tiene amplias competencias para implementar la reorganización de PDVSA y sus empresas filiales, incluyendo la posibilidad de realizar fusiones y liquidaciones de empresas, y la reorganización del proceso de “reducción o captación de personal”.
En resumen, el objetivo final es modificar la organización de PDVSA a los fines de promover el incremento de su producción.
La reorganización de PDVSA y su deuda
Un aspecto no mencionado en la resolución, pero que sin embargo es relevante, es lo relacionado con la deuda de PDVSA. La reorganización de PDVSA podría crear nuevos obstáculos para que acreedores de PDVSA –o de la república– ejecuten acciones en contra de activos de PDVSA y sus filiales.
En efecto, PDVSA se ha visto afectada por acciones judiciales emprendidas por algunos de sus acreedores e incluso por acreedores de la república que han demostrado que PDVSA es un “alter ego” de la república.
En tal sentido, la reorganización de PDVSA podría derivar en la cesión de parte de sus activos a nuevas empresas públicas. Incluso, para esta reorganización podrían crearse nuevas empresas a las cuales se le transfieran las acciones de las filiales de PDVSA que mantienen acciones de empresas en el extranjero, como por ejemplo PDV Holding Inc., tenedora de Citgo. En ese escenario, al haberse roto el vínculo legal entre las nuevas empresas públicas creadas y PDVSA, los acreedores de esta –o de la república– podrían enfrentar obstáculos para ejercer acciones en contra de los activos de aquellas.
En resumen: la anunciada reestructuración de PDVSA podría crear obstáculos para que los acreedores puedan ejercer acciones en contra de sus activos.
La reorganización de PDVSA y su producción petrolera
Tanto el Decreto Nro. 44 como la Resolución Nro. 115 parten de la premisa según la cual la organización actual de PDVSA es un limitante para la producción petrolera. Sin duda, el crecimiento desorganizado de PDVSA y su politización fueron factores que contribuyeron al colapso de la producción petrolera. Sin embargo, como ha señalado Francisco Monaldi, la implosión de la industria petrolera venezolana está también asociada a otros elementos, como por ejemplo, la desinversión en el sector.
Reorganizar a PDVSA parece ser una medida necesaria, pero no suficiente, para recuperar la producción petrolera. Esa recuperación requiere un programa integral que pase por ampliar el rol de la inversión privada directa en las actividades de exploración y explotación.
Con lo cual, la anunciada reestructuración de PDVSA, como medida aislada, no solo tiene un alcance muy limitado para impulsar la producción petrolera sino que, además, puede incrementar los riesgos de los acreedores de la república y de PDVSA.
AD Gremial
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