A la triste historia de los once niños que fallecieron en el Hospital Universitario de Pediatría de Barquisimeto por la bacteria Serratia Marcescens, cuyo último brote databa de 1990 hasta reaparecer en septiembre de 2016; este sábado la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó el resurgimiento de la poliomielitis en Venezuela, una enfermedad que también se había erradicado.
La OPS aclara en su comunicado que el Ministerio de Salud estaba al tanto del brote desde el mes de abril y se reservó la información, sin notificar el hallazgo a la Organización Mundial de la Salud como establece el Reglamento Sanitario Internacional. Hasta ahora, la polio afecta a la población del Delta Amacuro y suma tres casos, en todos, los esquemas de vacunación de los niños están incompletos.
Además, la OPS afirma que Venezuela registra 85 % de los casos de sarampión reportados en el continente en lo que va de año, reportando un brote en 17 estados y el Distrito Capital, además de 35 defunciones, 33 de ellas ocurrieron en Delta Amacuro, estado que también registra incidencia de niños y adolescentes con desnutrición, difteria, malaria, tuberculosis, enfermedades parasitarias y VIH.
Leyes punitivas
Mientras la Iglesia Católica exige que vuelvan a realizarse las elecciones presidenciales con elementos que garanticen su equidad, sin inhabilitaciones, presos políticos ni exiliados, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, informó que pedirán a la ANC reformar leyes penales para adaptarlas y sancionar “a quienes atenten contra la patria”, porque “hay conductas de muchos dirigentes políticos que se deben encuadrar dentro del terrorismo, la traición a la patria”, es decir, la norma debe adaptarse al imaginario chavista, por lo que mañana el TSJ puede pedir modificaciones para sancionar a periodistas o choferes de autobús o ciudadanos que protesten por la crisis.
Moreno dijo que ya son 80 los ciudadanos excarcelados por solicitud de la Comisión de la Verdad de la ANC, que la lista era “bastante larga” y que el TSJ evalúa el daño causado por cada uno para precisar si son merecedores de medidas procesales, pues “el Poder Judicial no puede crear impunidad”.
Lástima que no le preguntaron por personas como Raúl Isaías Baduel, que ya suma 18 semanas incomunicado. Su familia solicita una fe de vida, así como el resto de los familiares de los presos políticos claman para que continúen las excarcelaciones.
Breves y graves
– Venezuela quedó clasificado como el país más peligroso en el mundo por segundo año consecutivo, según una encuesta de Gallup, cayendo por debajo de países como Afganistán o Sudán del Sur en términos de percepción de seguridad. Nuestra tasa de homicidios sigue siendo la evidencia más rotunda de un Estado fallido y negligente.
– Armando.info continúa con el caso Odebrecht. En esta oportunidad tratan la historia del exministro Haiman El Troudi y cómo la fiscalía suiza encontró en cuentas de su esposa y suegra, más de $40 millones provenientes de empresas offshore vinculadas con Odebrecht.
– “La producción de petróleo en Venezuela está prácticamente cayendo a un promedio del 10 % cada trimestre y ha sido desde mediados de 2017”, afirma Forbes, advirtiendo que la interrupción temporal de las exportaciones de Pdvsa puede ser permanente “ya que se irán a cero hacia el final del año”.
– Se presume que una fórmula que podría utilizar Pdvsa para reactivar la producción de yacimientos inactivos de crudos livianos son los contratos de servicio con terceros, para que petroleras privadas exploten esos pozos que darían, en un escenario óptimo, unos 600.000 barriles diarios. Advierten las fuentes que esto no será ni rápido ni sencillo, a pesar de la enorme descapitalización de la empresa y del país.
– El sindicato de Corpoelec hizo un llamado a realizar un paro nacional para este lunes 11 de junio, exigiendo mejoras salariales, pues la mesa de diálogo con el ministro Luis Motta Domínguez no arrojó los resultados esperados.
¿Adiós, Florido?
Según un comunicado del partido Voluntad Popular (VP), el diputado Luis Florido ha sido relevado de su cargo como presidente de la comisión de Política Exterior de Asamblea Nacional (AN) y será sustituido por Francisco Sucre; un trámite que no es su potestad. Aunque la oposición haya acordado cuotas de poder dentro de la estructura del Parlamento, sigue existiendo el Reglamento de Interior y Debates.
Todo el lío con Florido arrancó con la designación de delegados que representarían los intereses de la diáspora, incluyendo localidades donde esta tiene tiempo organizada y en consecuencia, la imposición de otras voces fue una medida rechazada con ferocidad y una campaña de desprestigio agresiva.
Las denuncias -no institucionales- sobre manejos irregulares de fondos de organismos internacionales para el trabajo con la diáspora, necesitan asideros. Hasta ahora solo existen registros de donaciones a Brasil y Colombia, pero no al Parlamento. Florido refutó las descalificaciones y dijo que el único propósito de los delegados era servir de enlace para el apoyo del Parlamento en la búsqueda de soluciones a los problemas de los venezolanos. La opacidad tiene costos muy altos. Vale para el acusado, vale para los acusadores.
Otras latitudes
– El G7 expresó su “profunda preocupación por la falta de respeto de los derechos humanos y los básicos principios democráticos en Venezuela así como la descontrolada crisis económica y sus repercusiones humanitarias”.
– “El imperio del narcotráfico estuvo al servicio de Hugo Chávez“ es el título del trabajo del periodista Frank López Ballesteros sobre un tema tabú que ya ha cobrado facturas muy altas a periodistas y medios. Las declaraciones que han brindado narcotraficantes extraditados por el chavismo, resumen el estupor de estos por pasar de las comodidades con las que mudaron sus operaciones a Venezuela, hasta el escenario en el que sus “aliados” quisieron quedarse con sus negocios.
– Impresionantes los testimonios desde Masaya, Nicaragua, sobre la represión oficial. Daniel Ortega mantiene la violencia contra sus ciudadanos mientras “reflexiona” sobre la posibilidad de retomar el diálogo.
– La expresidenta del Tribunal Constitucional de España María Emilia Casas, el magistrado dominicano Manuel Herrera Carbuccia y el jurista uruguayo Santiago Pérez del Castillo serán los miembros de la comisión creada por la Organización Internacional del Trabajo para investigar las denuncias contra el Gobierno venezolano por violaciones de los derechos laborales.
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