De aquellas ardorosas proclamas en las que el gobierno surgido de las votaciones de 1999 ofrecía adecentar la justicia venezolana, hacerla imparcial, equilibrada, con capacidad de respuesta y respeto por el ciudadano, no queda sino el desvanecido recuerdo de las aparentes buenas intenciones, además de frustración y desengaño.
Uno de los primeros actos ejecutivos de Hugo Chávez, en ese momento secundado por Luis Miquilena, fue el de nombrar una comisión que se encargaría de reformar el Poder Judicial. No pasó mucho tiempo antes de que quien fuera designado para presidirla renunciara y el proceso comenzara a desbocarse por los extraviados senderos que hoy transita. Ya nadie recuerda ni su nombre.
El saldo está bastante claro diecinueve años después: no surgió un nuevo sistema judicial. La justicia no se despartidizó ni se hizo independiente del Poder Ejecutivo. Los jueces no fueron electos de acuerdo a sus credenciales, capacidades o méritos ganados por su trayectoria. Esos funcionarios, provisorios en su mayoría, no resultan sino peleles, por consentimiento, temor o imposición en manos de un régimen que concibe el funcionamiento del Estado desde el control absoluto, ilimitado y perpetuo del poder.
No surgió un sistema de justicia. Se creó una máquina del horror que subordinada al Poder Ejecutivo criminaliza y tritura individuos u organizaciones, políticas o no, que tengan la osadía de interponerse los objetivos declarados con la mayor impudicia de la venganza y el dominio totalitario sobre todo los órdenes de la vida nacional.
El copamiento institucional ha sido absoluto: desde los juzgados menores hasta el Tribunal Supremo de Justicia, desde la Fiscalía General de la República hasta la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Todos viven el mismo uniforme rojo de la secta que dice cobrar cuentas de los errores cometidos desde el Descubrimiento a esta fecha, pero que sin un ápice de honestidad, autocrítica ni sentido común se niega a reconocer su colosal fracaso en casi dos décadas de gestión, donde para colmo dispuso de la mayor bonanza económica que haya conocido cualquier gobierno en Venezuela y posiblemente en América Latina.
Pervertida la justicia, no se podía esperar algo distinto de los órganos auxiliares como lo son los diversos cuerpos policiales creados por la revolución, activistas con uniforme militar o policial, que aliados con grupos paramilitares están empeñados en romper todos los récords criminales y de las infamias que dejaron otros siniestros organismos represivos del Caribe en Haití, Panamá, República Dominicana y la tristemente célebre Seguridad Nacional de Pérez Jiménez, entre otros.
De todos ellos sobresale por su “méritos” revolucionarios el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuya sede de Plaza Venezuela, de acuerdo a una declaración emitida esta semana por 65 Organizaciones No Gubernamentales del país, “ha sido denunciada como centro de torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes contra las personas privadas de libertad por razones políticas”.
En esa siniestra edificación acaba de perder la vida el concejal Fernando Albán, en condiciones que contradicen la versión oficial del suicidio que ha querido consolidar como matriz de opinión el entramado mediático en poder del régimen, ese que tienen a su cargo justificar y perfumar las inmundicias que depone la incivil maquinaria del horror, ya sea del asesinato del inmolado Oscar Pérez y su grupo, pese a la rendición de sus armas, o de Fernando Albán, entregado a su acción política y social de solidaridad con los sectores más vulnerables de la población.
Su trágico deceso ha ocurrido nada menos que en pleno foco de atención de la comunidad internacional sobre el crítico cuadro de los derechos humanos en Venezuela, a la que la ONU está solicitando se le permita venir al país para su escrutinio y verificación. Sobre la marcha, se cierran programas de radio y se amenaza a los periodistas que escudriñan la verdad en la muerte del dirigente de Primero Justicia, un mártir de las luchas por la libertad y por el cual deben brotar de las gargantas de todos quienes creemos en los valores de la democracia un solo grito: Justicia para Fernando Albán!
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