Una de las deformaciones del llamado proceso bolivariano en Venezuela ha sido el surgimiento de los colectivos armados. Desde comienzos del gobierno de Hugo Chávez, el Estado no sólo toleró su existencia, sino que el propio Chávez —en sus arengas— alentó su proliferación. Estas bandas armadas que surgieron con el pretexto de defender la revolución, operan como verdaderos grupos paramilitares urbanos con acceso a armas, equipos de comunicaciones y dinero para actuar.
Estos colectivos han reclutado cualquier variedad de criminales y hampones que hacen de la permisividad vergonzosamente cedida por la revolución bolivariana, su aliviadero para continuar impunemente con sus actividades criminales.
La relación entre las FANB y sus componentes con estos grupos paramilitares es una relación de hecho que se asemeja a la de un concubinato forzado por las circunstancias políticas. Las fuerzas armadas se han visto obligadas por el gobierno, no sólo a tolerar a estos grupos criminales, sino, en muchos casos, incluso a convivir y compartir conjuntamente actividades en misiones como Barrio Adentro.
El concubinato entre las fuerzas militares y policiales y los colectivos no ha estado libre de contradicciones. En varios casos estas contradicciones no han podido ser superadas y han terminado en enfrentamientos mortales, tal como ocurrió con la muerte de José Miguel Odreman a manos de una comisión del Cicpc en octubre de 2014. Odreman era el líder del colectivo 5 de Marzo, y como muchos de esos jefes paramilitares, estaba conectado públicamente con reconocidas figuras del chavismo y hasta con generales de la GNB. Su muerte provocó la salida de Miguel Rodríguez Torres del Ministerio de Interior y Justicia ante la presión que los colectivos hicieron al presidente Nicolás Maduro.
También se han reportado incidentes en varias ciudades del país donde estos colectivos armados se han alejado de su presunta misión revolucionaria, para robar dinero de los CLAP y bolsas de comida. Estas acciones siguen provocando tensión entre paramilitares urbanos y las fuerzas del orden del propio Estado chavista.
Oficiales militares —activos y retirados— han confirmado que existen órdenes superiores para no enfrentar a los colectivos y respetarsus “zonas liberadas”. En algunos casos la comisión de delitos flagrantes tales como robo, tráfico de droga y extorsión han sido tan evidentes que oficiales subalternos se han visto obligados a actuar en desacato a la orden de cordializar con estos grupos criminales.
Esta relación extramarital y semilegal entre las FANB y los colectivos les ha entregado el control de amplios territorios del país a grupos criminales que antes coordinaban con el gobierno, pero que ahora parecen fuera de control y actúan por su propia cuenta. El costo ha sido muy alto, no solo para la sociedad en general sino también para oficiales y soldados de las fuerzas armadas, cuyos efectivos han sido asesinados en operaciones criminales que nadie investiga, ni quiere investigar.
En un detallado trabajo de investigación para El Estímulo, la periodista Sebastiana Barráez publicó la semana pasada una lista de los asesinatos de oficiales militares en el 2016 y lo que va de 2017. Más de 30 oficiales han sido ajusticiados en diferentes acciones criminales. Aunque la periodista no insinúa una posible relación entre estos incidentes y la actuación de grupos oficialistas armados, deja planteado el problema medular que enfrenta las FANB: ¿Por qué no se han investigado estos ajusticiamientos?
La falta de interés de los mandos superiores de las FANB para esclarecer los asesinatos de militares en Venezuela sugiere que no quieren iniciar una investigación cuyos resultados confirmen que podría tratarse de acciones coordinadas por grupos chavistas armados que operan al amparo de la semilegalidad otorgada por el gobierno. O simplemente, que estos asesinatos son el resultado de una política laxa con el crimen y la inseguridad de la cual las FANB se han hecho cómplices.
La situación en el seno de las FANB no es fácil. Los oficiales superiores tienen que ceder a la presión política del gobierno para convivir en la misma cama con grupos criminales, y a su vez transmitir esa política a sus subalternos, sin que al mismo tiempo se vea como una forma de ser permisivos con el crimen —aunque en efecto lo sean. Ese malabarismo de difícil ejecución ha fomentado enfrentamientos y resentimientos en el seno de unas FANB que —aunque se proclamen chavistas y socialistas— se sienten obligadas a defender el orden y la legalidad.
El concubinato forzado entre las FANB y los colectivos chavistas tendrá irremediablemente un final violento y explosivo cuando ambas fuerzas, obligadas por la coyuntura política, se enfrenten en defensa de intereses totalmente opuestos. La inminencia de un cambio político en Venezuela, cualquiera sea su forma, provocará un realineamiento de las lealtades de las FANB y dejará a los colectivos chavistas armados como el único grupo de defensa del régimen que fenece.
EL NACIONAL
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