Este lunes la sala político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en exilio decidió suspender los efectos del decreto sobre el Arco Minero, esto atendiendo una solicitud que había interpuesto la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz.
En el documento se puede leer que “se ordena a cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera suspender y paralizar cualquier actividad de explotación, extracción, procesamiento, comercialización y aprovechamiento de los recursos minerales en el área determinada cmo Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”.
Decenas de especialistas en el tema han condenado las prácticas que se llevan en esta zona minera pues la consideran un ataque a la naturaleza, así como un espacio de corrupción.
Al sur del río Orinoco, en una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados (mayor que el territorio de Bulgaria, Liberia o Cuba) en el estado Bolívar, yacen las riquezas minerales más grandes de Venezuela y una de las más importantes del mundo. Oro, diamante y coltán reposan en las entrañas del Macizo Guayanés desde hace millones de años.
En febrero de 2016, Nicolás Maduro decretó ese territorio como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, una idea que Hugo Chávez, el intermediario del comunismo internacional para a destrucción total de Venezuela, había anunciado al país en 2011.
La iniciativa de Maduro dicen que surge como un intento por llenar las arcas de la nación y remontar la caída de los precios del petróleo. Bajo este pretexto cómodo para los ciudadanos de buenas costumbres, la riqueza insuficientemente explorada de los yacimientos de minerales son el aliciente ofrecido a inversionistas nacionales y extranjeros, que se apresuraron a constituir empresas de maletín para obtener mayores ventajas de esta nueva oportunidad de hacer negocios con el Estado. Para el financiamiento del proyecto de minería a gran escala el gobierno venezolano aseguró haber convocado a 150 empresas venezolanas y extranjeras, pero apenas 16 han formalizado convenios y se han creado cuatro empresas mixtas, de las cuales solo una tiene presencia visible en la zona oriental del Arco Minero del Orinoco.
Los más directamente afectados son los pueblos indígenas que desde tiempos ancestrales ocupan el territorio intervenido, así como los ecosistemas de interés mundial, pues el Arco Minero del Orinoco es parte de la Amazonia. El proyecto avanza sin que se hayan elaborado los correspondientes estudios de impacto ambiental y sociocultural.
El auge de la delincuencia organizada en los pueblos del sur del estado Bolívar ha sido directamente proporcional al abandono estatal de la zona. Los jefes de las bandas criminales imponen el terror con los mismos métodos de violencia extrema que usan los líderes de las prisiones venezolanas, los pranes, y han convertido el negocio minero en una red hamponil que subyuga y corrompe a todos.
Más de diez millones de onzas de oro y 1,5 millardos de libras de cobre depositadas en el subsuelo de Las Brisas-Las Cristinas, el yacimiento más grande de Venezuela, están bajo el férreo control de una mafia criminal conocida como pranato minero. Es una versión importada de la estructura delictiva que impera en las cárceles del país.
El pran, de donde se deriva el término pranato, es el máximo e indiscutible jefe de la brutal urdimbre que opera en las prisiones venezolanas. Dirige todos los negocios ilegales, entre ellos el tráfico de armas y de drogas, y tiene un séquito de delincuentes a su servicio. Dispone arbitrariamente de los bienes y las vidas de todos los reclusos que mantiene subyugados. Contrariar sus designios se puede pagar con la muerte.
"El pran es más que un significado; es el símbolo de la ruptura del control institucional formal, en primera fase; y su expansión muestra la degradación social que se adapta a la incompetencia estatal para ejecutar un control social, formal e informal, que sea efectivo para regular la conducta social de los individuos y sostener con legitimidad los acuerdos de convivencia ciudadana. En este escenario, surgen nuevas formas de dominación, en la que la ley del más fuerte no es necesariamente la ley más justa. Y así, aparecen casos como pranes en zonas populares (y no tan populares), que al final son los mismos azotes de siempre, pero ahora con costumbres carcelarias"- OBSERVATORIO VENEZOLANO DE VIOLENCIA
En la extensión territorial de 111.843 kilómetros cuadrados del estado Bolívar, donde el gobierno venezolano desarrolla el proyecto de minería a gran escala denominado Arco Minero del Orinoco, se ha reproducido y consolidado el pranato, pero oculto bajo un nombre políticamente correcto: Sindicato. Del mismo modo que en cada cárcel de Venezuela hay un pranato, en cada pueblo minero hay un Sindicato. Sin embargo, tales organizaciones nada tienen que ver con reivindicaciones laborales o la defensa de los derechos de los trabajadores, pues, en realidad, se trata de bandas armadas que se aprovecharon del caos y la ausencia de autoridad estatal en la zona para construir allí sus guaridas.
"Aquí no entra nadie sin que el pran Juancho, el único que manda en toda esta zona de Las Claritas, lo autorice". Así, infranqueable y hostil, se expresa un hombre conocido como Darwin o El Viejo, apostado como un cancerbero en la carretera de tierra rojiza que conduce hacia las minas Las Brisas-Las Cristinas.
Cuatro días antes de la advertencia de alias El Viejo, el 27 de marzo de 2017, el presidente de la República Nicolás Maduro había dado luz verde a las operaciones que la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Siembra Minera pretende desarrollar sobre 18.951 hectáreas en el municipio Sifontes.
EL TERROR DE LAS ARMAS
En marzo de 2016 Venezuela se estremeció por el asesinato de al menos 17 mineros de la zona de Tumeremo. Nunca se ofreció información oficial sobre la cantidad de muertos; pero sí se señaló a la banda de Jamilton Suárez Ulloa, alias El Topo, otro pran de la región, como el responsable de la masacre.
Luego del suceso decretaron el Arco Minero del Orinoco como “zona militar especial” y Maduro anunció que se movilizarían “más de mil agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, fiscales del Ministerio Público y funcionarios de la Defensoría del Pueblo para restablecer el orden en la región. Un año después, la presencia visible de funcionarios castrenses se limita a los mismos seis puestos de control de la Guardia Nacional Bolivariana instalados antes de la masacre de Tumeremo a lo largo de la carretera Troncal 10, que comunica a Puerto Ordaz con los pueblos del sur del estado Bolívar y se extiende hasta la población Santa Elena de Uairén, en la frontera con Brasil.
Menos impacto nacional e internacional ha causado la más reciente tragedia en las minas del sur de Bolívar. El 9 y el 10 se septiembre de 2017 se llevaron a cabo operativos militares-policiales (Ejército y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) en los sectores El Manteco, en el municipio Piar, y El Triunfo, en el municipio Cedeño, con un saldo de 21 civiles asesinados. La versión oficial indica como móvil de los homicidios la “resistencia a la autoridad”. El diario El Correo del Caroní contabiliza 47 muertes durante 2017 en este tipo de procedimientos que se asemejan a las controversiales razzias del Operativo de Liberación del Pueblo, promovido por el gobierno como último recurso contra el auge delictivo en Venezuela. Fuente: Anuario de Mortalidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud
El gobierno soslaya el poder acumulado por las mafias y promete que reinvertirá en programas sociales la renta obtenida por la explotación de minerales. Pero allí está alias Darwin o El Viejo, totalmente ajeno a decretos y resoluciones acordadas a mil kilómetros de distancia, en Caracas. Corpulento, El Viejo aparenta menos de 40 años de edad. Su base de operaciones está instalada en un sector denominado El Mecate, donde se le encuentra recostado en una motocicleta y rodeado de media docena de hombres con armas de fuego que lo protegen. Es una banda armada que deliberadamente aplica el terror. Uno de sus secuaces se encarga de cobrar peaje, entre 3.000 y 20.000 bolívares. Todo el que pasa por allí rumbo a las minas tiene que pagar. Es una de las modalidades de la “vacuna”, es decir pago de tributos, en dinero o especias, que todos los lugareños deben cancelar a las mafias a cambio de protección.
A menos de 100 metros de distancia del estricto e ineludible peaje, dos agentes de la Policía del Estado Bolívar se limitan a saludar a algún transeúnte; no parecen interesados en impedir el cobro de vacuna ni de averiguar lo que ocurre más allá, hacia las minas.
Otro de los escoltas de El Viejo, que viste de blanco de pies a cabeza, con la indumentaria que suelen utilizar los santeros, se adelanta a establecer el primer contacto: “¿Qué hay?”. Después de preguntar y repreguntar a qué vienen los extraños, el guardaespaldas accede a que los periodistas se acerquen a Darwin, quien profundiza el interrogatorio:
-¿De dónde vienen ustedes?, ¿con permiso de quién llegaron hasta aquí?
-Queremos ingresar a la zona donde se instalaría la empresa Siembra Minera.
-¿Siembra Minera?, ¿qué es eso?
-Es una de las empresas mixtas constituidas para la exploración y explotación de oro en Las Brisas-Las Cristinas.
-No, no, no. Nada de eso. Aquí no entra nadie sin que el pran Juancho, el único que manda en toda esta zona de Las Claritas, lo autorice.
-El problema es que se nos ha dicho que Juancho no está en el pueblo.
-Sí, así es. Quizás esté jugando gallos. A veces se va por varios días a otros pueblos a jugar gallos. Pero te repito: sin el permiso de Juancho nadie puede pasar.
-¿Ni siquiera los militares tienen acceso a las minas?
-Hermano, ¿tú no has entendido? Aquí el chivo que más mea es Juancho. Todo el mundo debe obedecerle y ello incluye a los militares. Y ya deja la preguntadera. ¡Fuera de aquí!
Los organismos de seguridad conocen al pran de Las Claritas. Juan Gabriel Rivas Núñez, mejor conocido como Juancho, nació en Colombia, pero se nacionalizó como venezolano y tiene al menos dos documentos de identidad. El 28 de junio de 2012 fue detenido junto con sus más cercanos colaboradores por una comisión del Comando Unificado Antisecuestros del estado Bolívar. Les incautaron dos pistolas Pietro Beretta .92, una pistola Glock 18 con selector de tiro, una escopeta de recarga por bombeo de cinco tiros, tres escopetas 12 milímetros y tres escopetines, un camión y dos camionetas último modelo. Todos portaban credenciales de la Policía del estado Bolívar. Fueron puestos a la orden de la Fiscalía. “Al día siguiente les dan libertad y una semana después le entregan todo lo incautado...”, se acota en el reporte hecho por José Gregorio Lezama López, el comisario que dirigió el procedimiento.
JUAN GABRIEL RIVAS NÚÑEZ, ALIAS JUANCHO, ES EL PRAN DE LAS CLARITAS UNA CÁRCEL A CIELO ABIERTO
Las Claritas, el centro poblado más cercano al principal reservorio de oro de Venezuela es como una cárcel a cielo abierto. Decenas de personas, familias enteras, ocupan las aceras y duermen hacinadas unas sobre otras, en hamacas o en el suelo. Algunos utilizan plásticos negros para construir ranchos. A la vista de todos, abunda toda clase de negocios ilícitos: tráfico de alimentos, medicinas y combustible, sin que los agentes de los cuerpos de seguridad lo impidan. Del mismo modo que los militares no entran a las cárceles venezolanas, tampoco entran a Las Claritas.
En la polvorienta calle principal, las aguas negras fluyen de las tuberías rotas y forman nauseabundos pantanos que se agigantan los días de lluvia, y que la gente trata de esquivar, como esquiva el enjambre de motorizados, camiones y vehículos destartalados por el deterioro del asfalto.
El ambulatorio de Las Claritas, ubicado en el sector Ciudad Dorada, es una suma de espacios totalmente vacíos. Apenas en uno de ellos se atienden a los pacientes con paludismo, enfermedad que ahora resurge como una epidemia que, precisamente, desde los pueblos del sur del estado Bolívar se ha propagado a toda Venezuela.
Los constantes apagones silencian el vallenato y la bachata que animan una actividad comercial incesante. Como no hay alumbrado público, al caer la tarde el lugar se hace más lúgubre. La policía del municipio Sifontes, cuyo alcalde es miembro del partido opositor La Causa R, Carlos Chancellor, no se ve por ningún lado; ni de día ni de noche. La gobernación del estado Bolívar, encabezada por Francisco Rangel Gómez, un general y militante del partido de gobierno con 12 años en el cargo, tampoco brinda suficiente seguridad. La presencia de la policía del estado se reduce a puestos de control móviles, no permanentes e integrados por apenas media docena de funcionarios en la calle principal de Las Claritas.
En los extremos del pueblo están permanentemente instalados dos puestos de la Guardia Nacional Bolivariana. Los militares, en la alcabala de la entrada, se muestran excesivamente rigurosos en la inspección de los vehículos que por allí transitan. Sin embargo, cualquiera de los habitantes de Las Claritas, como los camioneros reunidos en un comedor llamado “El Rincón del Gandolero”, cuentan las estrategias que utilizan para burlar la extorsión: “Así como le pagamos vacuna al Sindicato, le pagamos vacuna a los militares. Si llevas cualquier mercancía que a ellos les interese, como cemento o bloques para la construcción, tienes que negociar. O te quitan parte de la mercancía o te exigen dinero. Igual sucede con los mineros, pero en su caso la vacuna que le deben pagar a los militares es parte o todo el oro que intenten sacar de Las Claritas. Por eso, la mayoría de los mineros queda obligado a vender su oro al Sindicato”, asegura uno de los hombres mientras come de un plato que se desborda: lengua de res en salsa, arroz, huevos, vegetales, plátanos, caraotas y arepa.
A la salida de Las Claritas, en el kilómetro 88 de la carretera Troncal 10, está la única estación de servicio de la zona. Aunque Venezuela es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, las colas para abastecerse de gasolina se extienden por cientos de metros y los conductores deben esperar entre 6 y 12 horas. “A veces perdemos el tiempo, no llega el combustible o se acaba antes de que todos podamos comprar los 30 litros diarios que se permiten”, se queja uno de los afectados.
Los militares tienen a su cargo y de manera exclusiva la distribución en la estación de servicio y también se muestran estrictos en el ejercicio de esa función. Pero tales controles son evidentemente burlados, pues en la calle principal de Las Claritas, en los pocos espacios libres que quedan en las aceras, proliferan los vendedores ambulantes de gasolina. Lo venden al mejor postor. Cobran entre 10.000 y 12.000 bolívares por cada cinco litros, a pesar de que el precio regulado por el gobierno es de apenas 6 bolívares por litro.
Todo lo que se comercia en Las Claritas está determinado por la lógica del mercado negro. El precio de venta del oro lo fija, a modo de cartel, el Sindicato: 90.000 bolívares el gramo. Quien intente sobrepasar esta tasa, es maltratado o asesinado. Así lo confirman los miembros del Sindicato encargados del cumplimiento de tales normas, por ejemplo cuando responden a las alertas que reciben vía radio: “Ya vamos para allá. A ese que se está comiendo la luz, le vamos a caer a palos para que sea serio. Y si se pone cómico, lo sacamos del medio”.
A finales de marzo de 2017, el precio internacional de la onza troy de oro era de 1.285 dólares. Cada onza troy equivale a 31,1 gramos. Aunque el comercio del metal en Las Claritas se realiza sin mayores formalidades (apenas se requiere una balanza), la equivalencia implica que el sindicato establece un precio de 2.799.000 bolívares por onza troy, es decir aproximadamente 700 dólares calculados a precio del mercado paralelo de la divisa.
Los alimentos que escasean en el resto del país se consiguen en Las Claritas sin limitaciones, pero a precios exorbitantes. Las medicinas que tampoco se encuentran en las farmacias de toda Venezuela, incluso aquellas que requieren los pacientes con enfermedades crónicas y antibióticos, son ofrecidas en variedad de marcas y presentaciones por vendedores ambulantes, pero sin la menor higiene y a un costo de hasta 30 veces por encima del regulado por las autoridades. Félix García, uno de los expendedores de medicamentos, dice sin reparos que todo lo que vende se lo traen de Caracas.
En Las Claritas se puede comprar cualquier cosa, desde unas alpargatas hasta un Iphone. La efervescencia del mercado negro se complementa con imágenes impensables en otro pueblo o ciudad de Venezuela: las personas utilizan bolsas plásticas que dejan ver los paquetes de billetes de 100 bolívares que requieren para hacer transacciones domésticas. Casi todos los comercios tienen máquinas de contar billetes y los que compran oro (en la calle principal se puede ver el identificado con el número 228), ofrecen transferencias gratis a todos los bancos.
De la aparente abundancia en Las Claritas sacan provecho hasta los indigentes. Claudia Nieves, una mujer de 32 años y sus tres hijos de 7, 5 y 2 años de edad se acercan a una venta de empanadas a pedir limosna. El día anterior llegó a Las Claritas procedente de San Félix: “Me vengo con mis muchachitos porque no tengo con quien dejarlos. Paso una semana pidiendo colaboración y llego a recoger dinero suficiente (Bs. 500 mil) para comprar un bulto de arroz, otro de pasta, otro de azúcar y cereal y pañales para mi hijo más pequeño... Me ofrecieron trabajo como cocinera en las minas, pero no me aceptan con mis hijos. Y no los puedo dejar porque siempre están enfermos con gripe y ronchas en la piel”.
TODOS SABEN, TODOS OBEDECEN
El pranato minero o el Sindicato no solo opera en Las Claritas sino en los principales pueblos del sur del estado Bolívar. Los cuerpos de seguridad apenas se han ocupado de reportar los resultados sangrientos de algunas de las operaciones de estos grupos de delincuencia organizada, como la masacre de Tumeremo, en marzo de 2016, o la localización de tres cadáveres acribillados y descabezados en el sector Nacupay, en El Callao, el 31 de enero de 2017.
En Las Claritas, todos, incluso las autoridades civiles y militares, saben quiénes dirigen el Sindicato: Juancho, El Viejo y Humberto. El trío de pranes, que se ufana de sus relaciones con altos funcionarios civiles y militares, tiene a su servicio hombres armados, camionetas y motos para desplazarse. Operan con absoluta discrecionalidad, sin que las autoridades interfieran en sus actuaciones.
Mientras que alias El Viejo se encarga de controlar todo lo que ocurre en las minas aledañas a Las Claritas, Humberto Martes, el otro lugarteniente de Juancho, controla todo lo que ocurre en el pueblo y es una especie de representante político del pranato en la zona.
Martes lleva oro hasta en los dientes. Siete gruesas cadenas guindadas en el cuello que terminan en medallas, seis con las letras iniciales de su nombre y la séptima con el rostro de Jesucristo en alto relieve. En la muñeca de su mano izquierda un reloj dorado y en la derecha una gruesa pulsera que se une con una cadena a un triple anillo. Prendas parecidas luce el menor de sus 24 hijos (según las cuentas que llevan su prima hermana Yolmaira y su madre Francisca), de apenas 11 meses de edad.
“Juancho está por fuera. Tengo entendido que está reunido con unos altos funcionarios del gobierno y unos generales. Se tienen que aguantar hasta que llegue”, dice Martes al inicio de una espera que se prolongaría durante cinco días.
A las puertas de la casa de Martes, en el sector Ciudad Dorada de Las Claritas, se apersona todo tipo de gente pidiendo ayuda. De hecho, el lugar se conoce como “el consultorio de Humberto”.
Con el revólver en la cintura que siempre porta, este hombre de aproximadamente 60 años de edad, 1,60 metros de estatura, piel bronceada, cabello canoso y abultadísimo abdomen, asume con cierto orgullo su función de benefactor de la comunidad: “Yo atiendo bien a todo el mundo y los ayudo en lo que pueda. Por ejemplo, aquí todos los jueves se hace una buena sopa de pescado y se le da a todo el que llega”.
Un anciano, que camina apoyado en un bastón, se presenta ante Humberto para pedirle que le ayude a sufragar los costos de la prótesis que necesita un familiar que sufrió una fractura de cadera. Isabel García le solicita que le deje hacer una toma de electricidad para colocar su máquina de coser en la calle sin que nadie la moleste. Edmundo Bautista recorrió 650 kilómetros para solicitarle un empleo, y tres horas después de haber llegado a Las Claritas ya estaba contratado en la construcción de una casa. Un par de jóvenes también solicita la intervención de Martes porque, según aseguran, unos borrachos les destrozaron una moto y se habían dado a la fuga; aspiran a que Humberto resuelva el problema “por las buenas o por las malas”.
Entre otras de las atribuciones de Martes está recabar las porciones de oro (gramas, las llaman los mineros) que cada comprador debe pagar periódicamente a cambio de protección y la posibilidad de permanecer en el negocio. Al resto de los comerciantes de La Claritas les exige efectivo. “Aquí todo el mundo tiene que contribuir para que nosotros podamos mantener el orden. Como tú has visto, yo no paro”, justifica, y agrega que su jornada de vigilancia y recaudación empieza a las 5:00 am. En efecto, incesantemente entra y sale de su residencia a bordo de una camioneta Ford Fortuner. Y además dispone de otras dos camionetas Toyota, una Runner y una Hilux de doble cabina. Nadie en Las Claritas exhibe tanto lujo.
En cada parada que hace, Humberto saca de sus bolsillos pequeños envoltorios de oro que va sumando en una bolsa plástica transparente. Lo hace con desparpajo, frente a cualquiera y todo queda registrado en las cámaras de su seguridad que tiene instaladas en su residencia. Los agentes de la Policía del Estado Bolívar que esporádicamente pasan en una patrulla frente al “consultorio de Humberto”, ni siquiera giran la cabeza hacia atrás para mirar.
Las Claritas es una zona de total confort para los líderes del Sindicato. Nadie osa interferir en sus actividades al margen de la ley ni cuestionar en lo más mínimo sus procedimientos. Todos les temen, todos les rinden pleitesía.
El domingo 2 de abril, a las 2:00 pm, Humberto se encuentra distendido en El Montañez. Es un local de apuestas hípicas, cuyas paredes están forradas por fotografías gigantes de mujeres desnudas y en el centro de uno de los salones está un tubo de pole dance. El pran se sitúa en una mesa frente a las pantallas de televisión que transmiten las carreras de caballos. A su lado los dos escoltas armados que lo acompañan a todas partes se divierten formando torres con paquetes de billetes de 100 bolívares. La cantidad que apuesta Humberto es mayor que la suma de todo el dinero que arriesgan el resto de los presentes. Con el sonido de una trompeta y el grito ¡partida! arranca una de las carreras de caballos. Apenas minuto y medio de emoción. La algarabía crece en los últimos segundos de la competencia. El pran, sin embargo, permanece inmutable. Parece que poco le importa ganar o perder.
Después de cinco días de espera, la posibilidad de entrevistar a Juancho e ingresar a Las Brisas-Las Cristinas se desvaneció al mismo tiempo que la jornada hípica de ese domingo. Sin embargo, esos días sirvieron para que el pranato minero dejara ver, sin rubor, alguno de sus rostros.
CON EL FOMENTO DE LA IMPUNIDAD
La delincuencia organizada en torno a la minería supone una estructura que penetró las instituciones públicas de Venezuela. Así lo demuestra el caso Curvelo. El 24 de octubre de 2015, fue detenido el teniente activo del Ejército Bolivariano y funcionario de la Gobernación de Bolívar, Jesús Leonardo Curvelo.
Le incautaron 33.034.920 bolívares en efectivo, embalados en 31 cajas de cartón, cuando pasaba por el puesto de control de la Guardia Nacional Bolivariana La Romana, en la carretera Troncal 10.
La Fiscalía estableció que Curvelo y Pedro Rafael Goitía Salazar, el conductor del vehículo en que trasladaban el dinero, formaban parte de una organización criminal más amplia. No identificó a otros involucrados, a pesar de que obtuvo pruebas de que el dinero procedía de cuatro organizaciones gubernamentales relacionadas con programas sociales: Mercal, Pdval, Red de Abastos Bicentenario y Gas Comunal, y que algunos de estos programas sociales tenían su sede en instalaciones militares.
Para avanzar en el rastreo de los 33 millones de bolívares incautados al teniente Curvelo, bastaba que la Fiscalía cotejara si efectivamente el dinero procedente de Mercal, Pdval, Red de Abastos Bicentenario y Gas Comunal era el resultado de sus ventas u alguna otra de sus transacciones legales. Pudo haber requerido explicaciones a cada uno de los representantes de esos establecimientos, pudo hacer inspecciones; pero no lo hizo.
Curvelo estuvo detenido 106 días hasta el 3 de febrero de 2016, cuando obtuvo casa por cárcel. Huyó del país y solicitó asilo político en Portugal. Ya fuera del alcance de sus enemigos, el teniente ató algunos cabos sueltos que dejó la Fiscalía. Para ello dispone de la información privilegiada que acumuló durante 14 años de servicio como asistente personal del general Julio César Fuentes Manzulli, quien se desempeñaba como Comisionado de la Gobernación de Bolívar para los Pueblos del Sur y tenía la función de combatir las mafias mineras.
En un informe fechado el 28 de septiembre de 2016 y dirigido al diputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar Américo De Grazia, Curvelo afirma que el dinero que le fue incautado era una encomienda de Fuentes Manzulli y que “...sería empleado para la compra de oro por Juan Gabriel Rivas Núñez, Juancho...”.
Desde Portugal, en entrevista telefónica que se le hizo el 17 de enero de 2017, el teniente del Ejército admite que había realizado otras operaciones delictivas y que la última remesa de dinero que intentó llevar al jefe del pranato en Las Claritas se frustró porque “no hubo coordinación” entre los jefes militares destacados en los pueblos del sur del estado Bolívar.
Asegura que el día de su detención recibió una llamada telefónica del teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Eduardo Gámez Flores, a quien señala como sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores. “En octubre, cuando yo me vine, el teniente coronel Gámez Flores estaba en Puerto Ordaz. Todo el mundo sabe que es sobrino de Cilia Flores y es respetado en todas las alcabalas. El día de mi detención él me hizo una llamada telefónica... Me dijo que ya estaban resolviendo el problema, mi problema. En verdad, yo creo que era un problema que se podía resolver fácilmente: un teniente, un carro del gobierno... Lo que pasó es que nunca se pusieron de acuerdo”.
Sin rodeos, Curvelo afirma que sabía que estaba transportando dinero de origen ilícito: “Sí, por supuesto. En 14 años trabajando con un general, yo nunca pregunté más allá de lo que tenía que preguntar...Por eso me sentía muy tranquilo, porque mi jefe tenía conocimiento de esto”.
También admite que, además de dinero, suministró armas de fuego a los jefes de las bandas criminales vinculadas con la minería. “No podría decir un número exacto. Hagan un registro de las armas que decomisan en los pueblos del sur y compárenlas con las que supuestamente han inutilizado. Vamos a darnos cuenta de que son las mismas, que es un reciclaje”, agregó. En el expediente del caso Curvelo no aparecen mencionados, ni siquiera referencialmente, el general Fuentes Manzulli o el teniente coronel Gámez Flores. Después de la huída del teniente del Ejército a Portugal, el asunto quedó en el olvido.
La Fiscalía no avanzó en la identificación de los integrantes ni en la precisión de otras operaciones de la organización criminal que respaldó al acusado y que, fomentada por la impunidad, podría continuar sacando provecho del tráfico de oro, dinero y armas en los pueblos del sur del estado Bolívar.
POR EDGAR LÓPEZ
arcominero@efectococuyo.com
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