El régimen ha decidido matar su “mejor constitución del mundo”. Para no seguir violándola, decide librarse de ella asesinándola. Mejor matarla y hacer otra sumisa y dictatorial. Con ese propósito Maduro –usurpando un poder que no tiene– convocó a una asamblea nacional constituyente. Maduro es usurpador porque él no es el pueblo y solo “el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario” y solo este “puede convocar a una asamblea nacional constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y una nueva Constitución” (art. 347).
Cuando Venezuela clama indignada por el brutal empobrecimiento por falta de comida y medicinas, alto costo de la vida, inseguridad, persecución y exilio, es una burla cruel agravar estos problemas y decir que se necesita una nueva constitución para resolverlos. El régimen la quiere para impedir elecciones con voto libre, universal y secreto del pueblo entero para acallar del todo su grito y eliminar “los poderes constituidos” no serviles.
En el fascismo y en el comunismo el jefe es el soberano, que se autoproclama como la suprema encarnación del pueblo. Maduro no es el pueblo, como no lo eran Hitler y Stalin, pero el pueblo –afirman esos dictadores– se encuentra con su verdadera esencia al identificarse con el caudillo.
Todo el poder para los soviets, dijeron los bolcheviques a partir de 1917; todo el poder para los consejos de obreros, campesinos, soldados… Poder popular ascendente desde la base hasta la cúspide de la Unión Soviética. En la realidad –fuera de los primeros momentos revolucionarios– todo el poder fue para el jefe de Estado, llámese Stalin, Mao o Castro. El partido único comunista manda en el país, en el partido manda su comité central y en este su secretario general. El partido, la burocracia, los cargos y los soviets o consejos, todos deben convertirse en “correas de transmisión” de las órdenes de arriba. La Constitución, como instrumento dócil del poder dictatorial, consagra esa realidad, con líder único, omnipotente y permanente. Castro en Cuba era jefe vitalicio del partido, del gobierno y del Estado. Sociedad totalitaria donde el Estado-gobierno-partido es el único empresario, el único educador, el único comunicador… Todos los demás son buenos si adoran a ese ídolo y comulgan de ese sacramento; malos y enemigos sin derechos, si disienten.
El año 2007 el pueblo de Venezuela logró derrotar con votos la imposición de la constitución cubanoide y el jefe se vio obligado a reconocer la derrota. En diciembre de 2015 con la estrepitosa derrota en las elecciones para la Asamblea Nacional, el régimen comprendió que nunca más podría ganar elecciones con voto libre, secreto y universal. Su legitimidad estaba perdida a causa de la evidente ruina, ineptitud y corrupción; 80% de los venezolanos está convencido de que con este régimen y modelo llegó la muerte de toda esperanza.
Conclusión: hay que anular la AN, evitar las elecciones democráticas y aplicar la tenaza jurídico-militar que legisle y reprima al gusto y necesidad del Ejecutivo. Pero ¿qué hacer con la Constitución democrática de 1999 que sigue molestando? Hay que acabarla con una nueva “constituyente originaria” (que puede barrer con todo lo “constituido”). Pero, como el pueblo pide a gritos la aplicación de los principios e ideales humanitarios de esa Constitución y no su eliminación, no queda más alternativa: que Maduro usurpe el derecho de convocarla y elabore las “bases comiciales” en laboratorios gubernamentales. El CNE esperaba de rodillas para aplicar de inmediato fórmulas mágicas para que una minoría sumisa de menos de 20% se imponga a la mayoría. Recordemos que en los países comunistas el gobierno siempre ganaba sus peculiares elecciones con una votación entre 93% y 97%. Por eso el madurismo ha decidido cambiar las reglas del juego y pasar a jugar con otro tablero hecho a su imagen y control. No más elecciones con voto universal y secreto, sino voto sectorial parcial que permita a la minoría decidir como si fuera mayoría.
Los venezolanos queremos comida, trabajo, ingresos suficientes, medicinas y salud, seguridad, paz, libertad… No una nueva constitución, sino el cumplimento de la que tenemos. Pero esta dictadura necesita nueva constitución, por eso ha decidido asesinar a la bolivariana y el CNE vergonzosamente se apresura a hacer los mandados del Ejecutivo. La sociedad venezolana, los demócratas todos (chavistas o no) estamos obligados a impedir este crimen con preaviso. Como dice el artículo 333, todo ciudadano “tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia” y el pueblo de Venezuela “desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Al convocar la constituyente el régimen dictatorial anuncia su decidida voluntad de matar la Constitución que viene violando sistemáticamente, y el pueblo demócrata de Venezuela está obligado a “desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos” (art. 350).
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