Desde el punto de vista jurídico y basados en el principio de la autodeterminación de los pueblos, Venezuela erradamente intenta salirse del natural espacio continental que nos une, el cual es creado bajo la inspiración justamente de nuestro Libertador Simón Bolívar y el cual es sin duda el más importante foro regional para dirimir controversias y buscar la estabilidad en la región, la OEA.
La respuesta del régimen de Nicolás Maduro ante la preocupación regional por la grave crisis política, social y económica que afecta al país es incongruente, al pretender sacar a Venezuela del contexto hemisférico, violentando el orden del derecho internacional americano y aislando a la República del principal organismo de integración política del continente.
Las implicaciones jurídicas del inicio del proceso de salida de Venezuela de la OEA impactarán sin duda en el riesgo reputacional del país ante otros bloques políticos y económicos del mundo, además de las obligaciones que el Estado venezolano adquirió desde su inició como miembro del organismo y que el desmontaje de esos mismos compromisos pudieran llevar más de dos años en ejecutarse plenamente.
No hay razones políticas para que el régimen tome esa decisión, es una incongruencia que los desprestigia más, no solo ante los países del continente, sino ante el mundo.
El artículo 143 de la Carta de la OEA establece que cualquier estado miembro podrá notificar por escrito a la Secretaría General su intención de retirarse del organismo, y que transcurridos dos años dicho Estado quedará totalmente desligado de la OEA, cumpliendo con sus deberes y obligaciones previas.
Uno de los compromisos que debe saldar el Estado venezolano es el pago de la cuota anual que nuestro país debe cancelar al organismo, que suma hasta el momento cerca de 10.5 millones de dólares, además de entender que al salirse Venezuela de la OEA, estaría retirándose por defecto de aquellos organismos que hayan sido creados bajo la Carta de la OEA, como es el caso de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Jurídico Interamericano y la Organización Panamericana de la Salud.
Desde el punto de vista financiero, Venezuela también es miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, por lo cual pudiera también verse afectada su membresía en dicho actor financiero regional, ya que el mismo fue creado por la OEA en 1959
Pero las consecuencias políticas van más allá de lo plenamente regional, ya que la OEA como organismo tiene cercanía directa con otros 63 países que son observadores de la organización, entre los cuales destacan Alemania, Reino Unido, Francia, la Unión Europea en pleno y Japón entre otros, por lo cual una salida intempestiva de la organización prendería las alarmas de otros Estados claves a nivel mundial, acelerando el negativo riesgo reputacional de Venezuela ante los ojos el mundo, y llevando forzosamente al país a inclusive un escenario donde la crisis venezolana llegue a las instancias de Naciones Unidas.
Lograr que el régimen de Nicolás Maduro materialice una eventual salida de la OEA es absolutamente difícil, teniendo en cuenta que geopolíticamente Venezuela forma parte integral de este continente, y aunque el gobierno intente reactivar otros mecanismos como la Celac para dirimir los problemas de la región, todos los países de nuestro continente dan prioridad a la OEA por las implicaciones de índole político que se asumen al pertenecer al bloque más importante del continente, por encima de otros que fueron creados en tiempos de Chávez y que han quedado solo como foros de debate, más no de decisiones vinculantes para los Estados de la región, como es el caso del anteriormente nombrado Celac, el Alba y Unasur.
Además, el régimen no tiene que ser parte del sistema interamericano para ser juzgado por violación de DDHH.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario