Crímenes sin Castigo | Un Estado para la rapiña, por Javier Ignacio Mayorca

En Venezuela no solo hay un asalto permanente a las arcas del Estado. Todos los días, los bienes del patrimonio público desaparecen, sin que se manifieste el más mínimo interés por recuperarlos

Javier Mayorca

25 julio, 2019

EL 10 DE MAYO, PERSONAS AÚN SIN IDENTIFICAR ingresaron de forma subrepticia al depósito de la División de Formación de Servidores Públicos Penitenciarios, y sustrajeron un cuadro del pintor venezolano Armando Reverón.

La denuncia correspondiente fue formulada ante la policía judicial cinco días después, por intermedio del funcionario Jorge Luis Durán, quien estaba a cargo de la referida dependencia del Ministerio para Servicio Penitenciario.

Han pasado más de dos meses de este hecho, y hasta el momento la directiva de Cicpc no ha dado señales sobre si determinaron el paradero de la obra artística. Debido a la forma como fue ejecutado el hurto, se sospecha la complicidad de algún empleado del despacho de prisiones.

Este, sin embargo, no es un hecho aislado. Tanto la casuística como las estadísticas sugieren, en cambio, que el patrimonio del Estado es sometido a un saqueo permanente, del cual solo nos percatamos cuando desaparece la obra de algún artista de renombre.

El 15 de julio, en el Ministerio de Educación se dieron cuenta del hurto continuado de tabletas tipo Canaimita, que fueron asignadas a la Fundación Samuel Róbinson. Para el momento en que formularon la denuncia correspondiente, los delincuentes se habían apoderado de 43 dispositivos.

Dos días después, una representante de la Fundación Museo de los Niños acudía a la sede policial para notificar la sustracción de cuatro transformadores eléctricos y 300 metros de cable de alta tensión. En estos mismos días, en la fundación musical Simón Bolívar recibieron un camión de materiales para la limpieza y el funcionamiento de las oficinas, y dos días después advirtieron que se habían llevado hasta las cintas para embalar, todo por un valor de 850 mil bolívares.

Todo esto hace recordar las deliciosas crónicas del corresponsal de la extinta revista Cambio 16 en Moscú, Carlos Enrique Bayo, compiladas en su obra Así no se puede vivir (Barcelona, 1992). Según el periodista, durante los últimos años del “disparate soviético” el hurto de los bienes oficiales era tan colosal que se acuñó un término niesun, lo que podría traducirse como “el llevador”, para designar a toda una clase de empleados que vivían de sustraer objetos de sus lugares de trabajo.

Las analogías entre aquellos tiempos de desmoronamiento del polo comunista y las que se viven en la Venezuela actual son demasiadas, desde luego, tomando debida cuenta de las distancias. Pero, ¿hasta qué punto tendremos en el país una casta de “llevadores”?

Las estadísticas policiales arrojan algunas pistas. Aunque los hurtos por regla general no son denunciados, cuando se trata del patrimonio público existe una obligación legal de hacer la debida notificación a la policía judicial. No hacerlo sería incurrir en otro delito. Entonces, es de suponerse que el porcentaje de casos no conocidos es menor que cuando se ve afectado el patrimonio de particulares.

En 2017, según se pudo conocer extraoficialmente, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas inició 15.400 averiguaciones relacionadas con la sustracción de bienes del Estado, mediante la aplicación de habilidades y destrezas. Ese mismo año, hubo 3.107 robos, es decir, hechos de violencia asociados con la apropiación de objetos del patrimonio público.

En 2018, fueron recibidas y procesadas 10.812 denuncias sobre hurtos de bienes oficiales y otros 1.024 robos. Y durante el primer semestre de este año, según la misma fuente, hubo 4.267 hurtos y otros 329 robos. 

Estos números no toman en cuenta los casos de robos o hurtos que ocurren en instalaciones gubernamentales o de cualquier otro poder, en los que el patrimonio afectado es de individuos, y no del sector oficial. En este grupo entran, por ejemplo, las denuncias sobre el hurto de teléfonos celulares o tabletas en las escuelas de la Policía Nacional, cuando tales dispositivos pertenecen a los alumnos, lo que también sucede con bastante frecuencia.

Aun así, las cifras son espeluznantes. Indican, por ejemplo, que todos los días ocurren en promedio por lo menos 38 hurtos o robos de bienes o materiales pertenecientes a alguna entidad estatal. Esto ha sido así durante los últimos dos años y medio.

Algún lector acucioso se dará cuenta de que los números netos de casos han ido en descenso. Sin embargo, la importancia relativa en cuanto a la afectación del patrimonio estatal ha crecido levemente con respecto al total de expedientes iniciados en los respectivos años. En 2017, era de 23%, y en lo que va de año llega a 24%. 

De manera que, con mucha probabilidad, hay personas que permanecen en las nóminas oficiales puesto que pueden sacar provecho de estos hurtos o robos. Otra vez, surge la analogía con la experiencia soviética: los empleados públicos que incurrían en esta práctica eran suplidores de un mercado na lieva, es decir, por la izquierda, en las sombras. ¿Qué caminos recorren los cables del tendido eléctrico y las municiones de los polvorines de la FAN? Na lieva.

Otro aspecto interesante es que 20% de esta rapiña a los bienes del Estado ocurre en instalaciones ubicadas en Distrito Capital y Miranda. La cifra es importante, pero sugiere una gran dispersión en los casos, puesto que el otro 80% sucede en territorios donde los perpetradores aprovechan, precisamente, una ausencia de vigilancia y represión, lo que les confiere mayor impunidad.